Declaró Antonio Caifero en el caso Jefatura. En su testimonio, por teleconferencia, sostuvo que Golpe de 1976 no tenía justificativo. Además indicó que el gobierno de Perón dio la orden a las FFAA para “aniquilar a la subversión. Expresión castrense que quiere decir desarmar al enemigo, lo cual no significa aniquilar al adversario”, explicó.
Antonio Cafiero, destacado político argentino quien fue Ministro de Economía durante el último gobierno de Perón, declaró ayer en el caso Jefatura. El testigo fue aportado por la defensa, sin embargo no los dejó bien parado. Al comienzo de su relato dijo que uno de los objetivos del gobierno peronista que integró era “combatir la guerrilla dentro de lo que ordena la constitución y la ley”.
Para esto, sostuvo, se convocó a las Fuerzas Armadas porque la situación superó a la policía. “La idea era aniquilar a la subversión. Expresión castrense que quiere decir desarmar al enemigo, lo cual no significa aniquilar al adversario”, explicó. En este sentido dijo que las FFAA cumplieron paulatinamente el objetivo.
Más adelante destacó que “Perón tuvo duras condenas contra la guerrilla pero jamás quebrantó la ley. Siempre la utilizó. Si alguien se excedió en los procedimientos eso corre por su cuenta”.
También aprovechó para mencionar que en 1979 cuando vino al país la comisión de DDHH de la ONU denunció las violaciones a los derechos humanos que se estaban realizando.
Sobre la triple A aseveró que fue una organización paramilitar creada al margen del gobierno, pero con gente allegada a él como López Rega, que usaron procedimientos reñidos por la ley para eliminar físicamente a quienes eran miembros de organizaciones subversivas. Funcionó hasta 1980.
¿Había justificación para el golpe de 1976?, preguntó el juez Gabiel Casas. “Ninguna. El Golpe se produjo por el miedo que los militares le tenían a la guerrilla. Entonces decidieron acabarla violando la ley. Dudaban de la policía y Fuerzas Armadas por eso había que emplear técnicas de exterminio con total impunidad”.
Respecto al inicio de la guerrilla, Cafiero estimó que comenzó en los 60 y la situación se tornó compleja con el asalto a Monte Chingolo (1975) y Azul (1974). “Era incuestionable que no podían haber grupos armados porque estábamos bajo un gobierno constitucional”, sostuvo. Al respecto agregó que la intención de la guerrilla era formar un gobierno paralelo y tomar el poder.
Según su interpretación, luego de Monte Chingolo y Azul, el pueblo le dio la espalda a la guerrilla pero “supieron captar a jóvenes con ánimo combativo”, sin embargo “con el tiempo, ese coraje se fue perdiendo por eso muchos huyeron como ratas al exterior”, disparó.
¿Qué fuerzas fueron las que los hicieron huir?, preguntó el imputado Menéndez. “Fue un trabajo en conjunto de las FFAA, el gobierno, la policía y el pueblo”, respondió Cafiero. “Me agrada su posición de que el pueblo apoyó a las FFAA”, agregó Menénez.
En esta megacausa están imputados Luciano Benjamín Menéndez, Roberto Albornboz, Carlos y Luis De Cándido por la desaparición de 22 personas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía.
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