El gobierno anunció el índice inflacionario de enero 2025. Según esos datos, la inflación del mes pasado fue de 2,2%. La mayoría de la población sabe que ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de precios con los que vivimos cotidianamente.
Era un comentario a voces en todos los rincones del país que fue creciendo mes a mes. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y la razón es que el Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada. Explica el Consejo Nacional de Trabajdores de Argentina.
El método para la medición inflacionaria se debe actualizar cada 10 años. Sin embargo, el actual data de 2004 (con un pequeño cambio en 2016).
El gobierno no se atreve a modificarlo porque se descubriría públicamente que la inflación es mayor a la publicada.
¿Por qué hay que actualizar la forma de medirla? Porque regularmente la Encuesta Nacional de Gastos de los hogares (ENGho) revela las variaciones del consumo y su impacto en el cálculo de la inflación. Hace 20 años que no se realiza una modificación integral y eso genera diferencias cada vez más evidentes.
Los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación real sufrida en 2024.
No es difícil encontrar los motivos.
¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos “libres” cada tres meses? Solo un ejemplo dramático para graficarlo: es innegable que la desigualdad en la relación entre propietarios/as e inquilinos/as nunca estuvo tan dramáticamente expuesta.
Insistir con este método anacrónico tiene una razón política: ocultar que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años y sólo fue mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales llevado adelante por los trabajadores/as organizados.
La mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, promovido por la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitucional Nacional, que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador/a para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Para cubrir esos gastos a finales de 2024 un trabajador/a debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales.
Los datos, las causas que explican las diferencias entre la realidad y el dibujo oficial, y el veredicto de la mayoría de la población que comprueba que no son ciertos los números que se comunican oficialmente están a la vista.
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