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AMPLIARSymmy Larrat destaca programas gubernamentales que buscan derribar barreras

Visibilidad trans: Secretaria pide más leyes para fortalecer derechos

Con enero llegando a su fin y el Mes de la Visibilidad Trans llegando a su fin, la lucha de esta población sigue activa durante todo el año en la búsqueda del acceso a derechos fundamentales.

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Las dificultades para buscar una educación de calidad , oportunidades de empleo e incluso obtener un documento con autodeterminación de género son algunas de las quejas más comunes entre estos millones de brasileños.

Según Symmy Larrat, secretaria nacional de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Queer, Intersexuales, Asexuales), a pesar del reconocimiento unánime del Supremo Tribunal Federal (STF), en 2018, de que la identidad de género -La determinación no debe ser cuestionada, las personas travestis y transgénero siguen teniendo este y otros derechos negados por la falta de una legislación que fortalezca la implementación de las políticas públicas construidas.

“No podemos, por ejemplo, avanzar en el debate sobre cuotas, no podemos avanzar en el debate sobre documentación y registro de las personas trans con su nombre y género. Sobre la cuestión del acceso a los derechos, sobre la integralidad de los derechos de las mujeres, sobre los derechos de acceso en función del género. Todo esto ocurre en ausencia de regulaciones. “Ésta es la principal dificultad que tenemos hoy en día”, dice Symmy.

Explica que, desde 2023, un equipo del gobierno federal trabaja para ofrecer políticas públicas que sustenten la estructuración de una política nacional cuyo lanzamiento está previsto para octubre, durante la IV Conferencia Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTQIA+ .

Añade que estos programas - Empodera+, centrado en la empleabilidad, Acolher+, dirigido a residencias de ancianos, y Bem Viver+, dirigido a poblaciones indígenas - en esta primera etapa - han atendido, en su mayoría, más o menos el 70% de las demandas y servicios. Están relacionados con personas transgénero y personas negras.

Insinuaciones

Para la secretaria, además de equipamiento específico, es necesario consolidar una legislación que avance en el sentido de que la población trans tenga sus derechos garantizados en el acceso a cualquier política pública. “Tenemos que seguir luchando por una legislación que corrija estas ausencias regulatorias. Y hemos implementado otras estrategias en ese sentido, incluso con regulaciones, acuerdos y resoluciones internacionales. Pero aún así ha demostrado ser insuficiente. Importante, pero insuficiente para que la política pública llegue al final de manera más efectiva”, evalúa.

La alineación del Poder Legislativo con las acciones del Poder Ejecutivo y las decisiones del Poder Judicial podría acelerar la corrección de las distorsiones que ocurren en el sistema público, enfatiza Symmy.

Como ejemplo, destaca el reciente cambio en la atención a los hombres trans en trabajo de parto en el Sistema Único de Salud (SUS).

“Se revisaron más de 100 procedimientos. Estamos avanzando, no estamos retrocediendo. Seguimos haciendo correcciones dentro del Poder Ejecutivo, para poder atender a esta población. Pero nos enfrentamos a la barrera de la ausencia legislativa”, refuerza.

El camino indicado por el secretario es adecuar la ley a la decisión del STF, lo que garantizaría que se respete la elección de cada persona. “Desde ahí acceden a políticas públicas del tipo que tienen y tienen garantizados sus derechos y permanencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una escuela o en un aula, el nombre de esa persona no se cuestiona, no es un obstáculo para ellos”, afirma.

Pacto por la vida

Para este año, la implementación del Pacto por la Vida de las Personas LGBTQIA+ está entre las prioridades del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, al que está vinculada la secretaría de Symmy.

El convenio suscrito con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y los Consejos Nacionales de Justicia y el Ministerio Público prevé la aplicación de protocolos policiales para atender a esta población y el uso del Formulario de Reporte de Ocurrencia de Emergencia General y Riesgo Inminente para la Comunidad LGBTQIA+ . , conocida como Forma Rogéria, en todo el territorio nacional.

“No tengo duda de que nos acercaremos a la cifra real de violencia que sufre esta población. “Porque, sobre todo con la aplicación del formulario Rogéria en las comisarías, tendremos, además de los asesinatos, los números del conjunto de violencias que viene sufriendo esta población y que no han sido registradas”, concluye Symmy. 

Fuente: Agencia Brasil