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AMPLIARLas víctimas durante su testimonio vía virtual

Uruguayas víctimas de torturas sexuales en dictadura piden justicia ante CIDH

Un grupo de expresas políticas que denuncian haber sido víctimas de torturas sexuales durante la dictadura en Uruguay (1973-1985) presentó ayer jueves su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Las 28 mujeres interpusieron en 2011 una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violación contra más de 100 agresores, la mayoría militares, en el contexto del período de facto.

"Denunciamos a más de 100 personas: oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa, y solo uno de ellos fue procesado, no por torturas y violencia sexual, las cuales confesó en el marco del proceso, sino por reiterados delitos de privación de libertad", dijo Jacqueline Gurruchaga, una de las denunciantes.

María Noel Leoni, de la Cejil, subrayó que en 2011 Uruguay dejó sin efecto la ley de amnistía para los crímenes de la dictadura, conocida como Ley de Caducidad, pero "en los hechos la justicia sigue sin ser accesible", informó AFP.

"Como en otros lados, en Uruguay también la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las presas políticas", dijo.

Por su parte Marina Sande, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, destacó el valor de la audiencia "para la consecución de justicia" y enfatizó que "el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los atroces y aberrantes crímenes y abusos cometidos durante el período dictatorial".

"Nuestro país quiere dejar sentado su comprensión y solidaridad hacia las víctimas reconociendo el enorme dolor y sufrimiento que se les ha provocado", agregó.

De acuerdo a Sande, "Uruguay ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes".

No obstante, la funcionaria reconoció la lentitud del proceso: "Somos conscientes de las falencias de la que adolece nuestro sistema judicial".

Sin embargo, ante lo que consideran un casi nulo avance en diez años de proceso, el grupo presentó su caso en una audiencia pública de la CIDH, realizada por videoconferencia y en la que también participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y del Estado uruguayo.

"Según la sociedad civil, más del 70% de las aproximadamente 200 causas activas se encuentran en etapa inicial de presumario, incluyendo este caso. Existen condenas en solo unos 14 procesos y contra unas 30 personas. Y existen pedidos de procesamiento sin tramitar contra más de 60 indagados", resumió.

Pero señaló que "el respeto por las normas y los procedimientos es lo que ocasiona las demoras (...) que muchas veces son utilizadas de modo dilatorio por la defensa de los acusados".