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AMPLIARFamiliares de los masacrados en 2019

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata piden celeridad a la Justicia

Los familiares de las víctimas de las masacres y violaciones a derechos humanos durante la represión armada en Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Pedregal (La Paz) en 2019 demandaron celeridad al trabajo del Ministerio Público y el Órgano Judicial para investigar y sancionar a los autores de esos crímenes de lesa humanidad.

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Según un boletín institucional del Ministerio de Justicia, los afectados participaron este fin de semana de un encuentro con dos expertos en estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de Reparación Integral y Transformadora.

James Cavallaro, excomisionado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Alan García Camposm, jefe de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, compartieron con los afectados los mecanismos, alcances e instrumentos legales para la reparación en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos como los registrados durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En la oportunidad, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, pidió celeridad en la administración de justicia, así como en la reparación integral de los daños.

“Agradecemos al ministro de Justicia Iván Lima que está avanzando de a poco, pero pedimos una ayuda integral, desde ese momento no vivimos en paz, recordamos los petardos, gases lacrimógenos, escuchamos ambulancias y recordamos lo que sucedió en Senkata el 19 de noviembre, cuando fallecieron 10 compañeros”, dijo.

Quisbert demandó atención médica para los sobrevivientes, cancelación de sus cuentas en centros de salud, y atención integral para quienes fueron detenidos y torturados, en el ámbito de su salud física y mental.

En noviembre de 2019, tras la ruptura del orden constitucional y el ascenso de un gobierno de facto, las fuerzas militares y policiales dispararon contra la población civil desarmada en la zona Sur de La Paz, el día 11 de noviembre; en Sacaba, Cochabamba el día 15; y en la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, el día 19, dejando más de treinta fallecidos, decenas de heridos, y cientos de detenidos y torturados.