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Piñera no logra complicidad para estado de sitio
Camara fotoAMPLIARPiñera no logra complicidad para estado de sitio
26/02/2021 - Represión indiscriminada

Piñera enfrenta con más carabineros a la violencia en la Araucanía

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó en el palacio de gobierno de La Moneda a los tres Poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) para abordar la nueva ola de violencia en la zona indígena de la Araucanía.

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La región, ubicada a 670 kilómetros al sur de Santiago, ha sido escenario de ataques incendiarios a predios, vehículos de carga, mientras siguen las ocupaciones en el marco del proceso de recuperación de tierras del denominado conflicto mapuche, la principal etnia del país.

Luego del encuentro de más de dos horas, Piñera señaló que "lo que hemos hecho es analizar, conversar, buscar acuerdos, buscar coordinaciones para que cada una de estas instituciones haga su mejor esfuerzo para aportar a la solución de este problema, que revise sus procedimientos, que revise sus políticas y vea como puede contribuir más y mejor".

Planteó que sus sugerencias deben hacerse "no solamente al interior de cada institución, también es importante el funcionamiento del conjunto de las instituciones. Esto es una cadena y todos sabemos que la fortaleza de una cadena es igual a la fortaleza del más débil de sus eslabones y por eso, la coordinación para que esto funcione como un sistema es absolutamente fundamental".

Consultado por la petición de declarar estado de sitio en la región del sur solicitada por los partidos oficialistas, el mandatario respondió que "hoy estamos con un estado de catástrofe (por pandemia en todo el país), la Constitución contempla estado de excepción constitucional, entre los cuales hay estado de emergencia, estado de sitio, estado de asamblea, por supuesto que son instrumentos que están dentro de nuestro Estado de Derecho y que analizamos y consideramos de acuerdo al mérito de las circunstancias".

Piñera defendió que su gobierno tiene "un compromiso como Estado de Chile de lograr combatir con mayor fuerza y eficacia la violencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico", a la vez de "contribuir a la satisfacción de las legítimas demandas de nuestros pueblos originarios y poder devolverle la paz, la seguridad, las libertades, la prosperidad y el respeto a los derechos de todos a las regiones del sur".

Aseguró que "esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo como Estado y que tenemos que hacer como sociedad, lograr que el Estado de derecho, la paz, el respeto a los derechos humanos y el progreso vuelvan a desarrollarse en plenitud en las regiones del sur".

El gobernante calificó los hechos de la Araucanía como "una grave situación de violencia y terrorismo, y hay que hacer una total y absoluta separación entre las legítimas demandas de los pueblos originarios y de todos los chilenos y la acción de grupos de crimen organizado que recurren al narcotráfico, a la violencia, los incendios, la extorsión y el robo de madera y usan armamento con características de guerra".

Enfatizó que "son dos cosas distintas" y que por esta razón "estamos muy conscientes que esta situación ha generado y con mucha razón una sensación y una realidad de indefensión, de impotencia, de angustia, de desesperación, no solamente de las víctimas directas, sino que en todos los habitantes de la Macrozona Sur y en todos los ciudadanos de nuestros país".

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (del opositor Partido Por la Democracia) cuestionó la propuesta de un estado de Sitio en La Araucanía y criticó los proyectos que el Ejecutivo pretende que apruebe el Congreso.

 Explicó que antes "se requiere investigaciones, se requiere inteligencia, para saber quiénes son los que están hoy fomentando, actuando, incendiando, ocupando terrenos en la región".

Además de Piñera y Muñoz, en la cita participaron el titular de la Corte Suprema, Guillermo Silva; los presidentes de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (del oficialista partido Renovación Nacional); del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio; el contralor general, Jorge Bermúdez, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. 


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