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AMPLIARMovilizadas en Lima Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, pidiendo justicia

Esterilizaciones forzadas en Perú: "Fuimos víctimas de violencia masiva en condiciones brutales"

Entre 1996 y 2001, el gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo un programa de esterilizaciones masivas en mujeres y hombres, como parte de un plan para erradicar la pobreza. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías. 19 personas fallecieron por complicaciones postoperatorias.

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El 18 de septiembre de 1996, María Elena Carbajal fue a dar a luz en el hospital María Auxiliadora de Lima. En esa época, "lo de las esterilizaciones no había salido ni en los periódicos”, recuerda. En diálogo con DW, rememora el camino que ha recorrido hasta hoy.

Se había casado a los 17 años, y a los 26 se iba a convertir en madre de cuatro niños. Según explica, debido a la demora en la atención tuvo un parto traumático, con un prolapso uterino como consecuencia. En medio de la conmoción y aún bajo el efecto de la anestesia, un médico le consultó qué método de planificación familiar tenía.

"Le dije que ninguno, puesto que mi esposo decía que las mujeres de la calle se cuidaban, mas no su esposa. Entonces me dijo que no era necesario que le pidiera autorización a mi esposo para la ligadura [de trompas de falopio, N. de la R.]. Yo no estaba de acuerdo, pero estaba preocupada porque había escuchado que habían desaparecido niños y tenía temor. Me presionaron, condicionándome con la entrega de mi hijo”, relata.

Nadie le explicó en qué consistía la intervención, qué riesgos existían ni qué cuidados tener posteriormente. Sola, intimidada y sin claridad para dar un consentimiento libre e informado, accedió. Recuerda que perdió la noción del tiempo: "después nos enteramos que usaron anestesias para animales, de un lote importado, para disminuir gastos en las esterilizaciones masivas”.

Al despertar, dolorida, descubrió la herida y los puntos en el abdomen. "Cuando le conté a mi esposo, se indignó y me insultó. Me dijo si había aceptado para poder tener otras parejas, y se fue del hospital. Finalmente, mi suegra logró encontrar a mi hijo en un lugar apartado del hospital”.

Su marido nunca regresó. "Yo también me sentía culpable de lo que me habían hecho”, confiesa. Un sentimiento que compartían muchas mujeres que pasaron por lo mismo y que, además, debieron enfrentar el machismo imperante.

"En esa época desconocíamos que había un plan del gobierno, y que habían vulnerado nuestros derechos. Pensamos que era circunstancias de la vida, pero siempre nos sentimos culpables, porque como consecuencia de esto hubo separaciones, y muchas mujeres tuvieron que soportar parejas que las insultaron... Pero ahora sí podemos decir que fuimos víctimas”, subraya.

Secuelas en el cuerpo y en el alma
La lucha continúa

Entre 1996 y 2001, el gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo un programa de esterilizaciones masivas en mujeres y hombres, como parte de un plan para erradicar la pobreza. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, se realizaron 272.028 ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías. 19 personas fallecieron por complicaciones postoperatorias.

"No me explicaron que nunca podría volver a tener hijos, o que tendría secuelas. Jamás me citaron a control, y no me dieron tratamiento ni medicinas”, acusa María Elena. El padre de sus hijos se desentendió de todo, y ella debió trabajar para sostener a su familia, a pesar de sufrir fuertes dolores y alteraciones nerviosas, explica. Años más tarde, inició una nueva relación y su pareja quiso tener un hijo con ella. Pero los exámenes confirmaron que su condición era irreversible. Nuevamente fue abandonada.

"Se dijo que, sobre todo en provincia, había una pobreza extrema y las mujeres procreaban muchos hijos. La idea brutal y errónea que tuvo Fujimori fue que para erradicar la pobreza había que esterilizar. Pero en la actualidad, el Perú sigue siendo pobre, y quienes fueron esterilizadas están aún más pobres, enfermas y traumatizadas. Con este plan sólo logró dañar y violentar los derechos de miles de personas”, lamenta.

María Elena observa que muchas de las víctimas eran quechuahablantes, y no sabían leer ni escribir: "Las operaron en forma masiva, las aprisionaron como si fueran delincuentes, las secuestraron y torturaron. En muchos casos las tuvieron que maniatar y vendarles la boca para que no gritaran”.

"Fuimos víctimas de violencia masiva en condiciones brutales, y eso nos dejó secuelas físicas y psicológicas. Muchas están postradas por cánceres o enfermedades degenerativas o traumatizadas. Están falleciendo, y también la pandemia ha matado a muchas compañeras”, afirma.

Al mirar atrás y recordar lo sucedido siente indignación: "No sólo es lo que pasó hace 24 años, sino todo lo que he vivido junto con mis compañeras desde entonces. La odisea de sufrir enfermedades, soportar humillaciones de hombres que pensaron que era culpa de una, y ser abandonadas”.

Recién en 2017 comenzó a comprender todo lo que había vivido y supo que no era un caso aislado, al conocer a una psicóloga que recogía datos para el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), impulsado por el presidente Ollanta Humala.

Gracias a ello pudo hacer terapia, participar en talleres y reuniones grupales. "Primero me dio temor y vergüenza decir que había sido esterilizada. Pero me di cuenta de que había vivido algo injusto y era víctima de un delito”, señala sobre el inicio de este camino de sanación y lucha. Actualmente es presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima Callao, desde donde trabaja por el reconocimiento y la reparación de estos crímenes.

A pesar de que en 1998 la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud la indemnización de quienes fueron esterilizados sin su consentimiento, sufrieron complicaciones o fallecieron por esta causa, y que una comisión del Congreso concluyó que hubo daños en la integridad física y psicológica de estas personas, no hay condenados en relación con esta política de estado.

María Elena lamenta el lento avance de la justicia. Sólo en el caso de Victoria Vigo, esterilizada sin dar su consentimiento tras una cesárea de urgencia, el médico fue condenado a pagar una indemnización. El caso de María Mamérita Mestanza, quien murió a los 33 años por las complicaciones postoperatorias de una esterilización, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2003, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos de la mujer y se comprometió a tomar medidas de reparación material y moral, investigar y sancionar a los responsables.

A través del trabajo en la agrupación en Lima, y también en la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), María Elena ha buscado visibilizar y hacer conciencia sobre estos crímenes. Con sus pañuelos y faldas rojas, marchan y hacen plantones frente a oficinas públicas. En junio de 2019 fue invitada a Ginebra a presentar su caso en un taller del Fondo de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

Ahora, sus esperanzas están puestas en la audiencia prevista para el 1 de marzo, en la cual la fiscalía presentará sus argumentos contra Fujimori y exfuncionarios de salud, lo que permitiría abrir un juicio oral por los casos de 1.307 denunciantes.

"Esperamos que la corte no ponga más trabas, que haya justicia para ellas , y que esto abra el camino para las 300 mil víctimas. Exigimos que se reconozca la verdad, se condene a los culpables y recibamos una reparación, como corresponde por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. No estamos dispuestas a esperar otros 20 años más”, concluye.

(cp)