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Una imagen símbolo de la represión a las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado. (foto: ANSA)
Camara fotoAMPLIARUna imagen símbolo de la represión a las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado. (foto: ANSA)
16/10/2020 - Represión indiscriminada

Nuevo informe ratifica violaciones de los DDHH por parte de Carabineros chilenos

Un nuevo reporte corroboró las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el año pasado en Chile durante las masivas protestas en el marco del estallido social del movimiento 18 de octubre.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un balance de los hechos en vísperas de conmemorarse un año de la más grave crisis política desde la recuperación de la democracia en 1990.

El INDH interpuso 2.520 querellas desde el 18 de octubre de 2019 y es Carabineros, la policía uniformada a cargo de control del orden público y seguridad, la que concentra el 93% de las denuncias, con 2.340 acciones legales en su contra. Más atrás aparece el Ejército, 97, y la Policía de Investigaciones, 34.

El organismo destacó que sólo 31 querellas han sido formalizadas, lo que ha dejado un saldo de 72 funcionarios imputados.

El desglose por delito arrojó que 1.730 fueron por apremios ilegítimos, 460 por torturas y 101 por violencia innecesaria.

Además, cinco por homicidio, 35 por homicidio frustrado y una por violencia innecesaria con resultado de muerte.

"En Chile ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el regreso a la democracia", afirmó el director del INDH, Sergio Micco, en la entrega de su balance a un año del estallido social.

Planteó que el Estado avanzar en cuatro caminos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y a la par, "apurar el tranco" para concretar una "reforma integral" de Carabineros, lo que pasa por revisar la doctrina de la institución que comanda Mario Rozas.

Hace un año, funcionarios del INDH se desplegaron por las calles durante las manifestaciones, acudieron a hospitales y retenes policiales con una reconocible casaquilla amarilla y fueron fundamentales para identificar los graves y masivos atropellos policiales.

Micco dijo que "el Estado de Chile ha hecho cosas pero son dolorosamente insuficientes y podemos hacer mucho más". Apuntó a la gran cantidad de querellas y afirmó que "la gran pregunta es por qué son tan pocos los imputados y formalizados".

Esta situación, acotó, lleva a la "desesperanza" de las víctimas, y se refirió a las deficiencias del sistema penal, a la pandemia e incluso la falta de presupuesto de las instituciones que velan por las víctimas.

Micco analizó que "nuestro país se ha visto dividido" por la crisis social y política, por lo que debe "sanar sus llagas con verdad" y en ese punto, recalco que "el esfuerzo del Estado es encontrar la verdad judicial para que se haga justicia" y a partir de eso construir una "verdad histórica".

El INDH graficó en un mapa interactivo las 2.349 querellas correspondientes a 2.825 víctimas y 4.075 hechos de violencia.

En la gráfica se puede navegar entre las diferentes comunas y al interior de éstas.

"Esta información se entrega como un ejercicio de memoria colectiva que busca propiciar una conversación social en relación con el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia, la adopción de medidas de reparación y la construcción de garantías de no repetición", destacó Micco.

Consultado por lo que espera de este primer aniversario, señaló que el derecho a manifestarse en forma pacífica es un derecho humano básico. Y respecto del actuar policial, señaló que solo pedía que "respeten el protocolo".

Ayer también, el Ministerio Público dio a conocer un balance sobre las investigaciones en torno a los incidentes durante las manifestaciones por el estallido social.

A la fecha se ha formalizado a 75 agentes del Estado por violencia institucional, de los cuales 25 están en prisión preventiva y sólo uno ha sido condenado. Mientras la Fiscalía ha formalizado a 5.084 personas. De ellos, 648 se encuentran en prisión preventiva, y otros 725 ya fueron condenados.

Los imputados se relacionan con los atentados a las estaciones del Metro de Santiago, saqueos, incendios o porte/tenencia de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y violencia institucional. 


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