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AMPLIARProyecto hidroeléctrico del Alto Maipo, cerca de la ciudad de El Alfalfal

Relator de la ONU sobre derechos de agua cuestiona prioridad de Chile por la energía y el aguacate

Chile enfrentó ayer jueves el cuestionamiento de un experto en derechos de agua de Naciones Unidas que sugirió que el gobierno podría estar anteponiendo el desarrollo económico a los derechos humanos a través de proyectos agrícolas y energéticos.

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Leo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, dijo que había pedido al gobierno que “aclare” su enfoque sobre el cultivo intensivo de paltas (aguacate) en la localidad de Petorca, en la región costera central de Valparaíso, y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en una zona montañosa al sureste de la capital, Santiago.

“El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”, dijo en un comunicado. “Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19”.

Chile, un gran productor global de aguacate, enfrenta la peor sequía en décadas y el año pasado declaró una emergencia hídrica en Petorca, importante centro de cultivo.

Según Heller, un árbol de paltas usa más agua por día que la cuota diaria de 50 litros reservada para cada residente, pero el gobierno continúa otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas.

El relator señaló que la cuota actual para los residentes no tuvo en cuenta el lavado de manos frecuente requerido para combatir el coronavirus.

Heller dijo además que el proyecto hidroeléctrico, que desvía agua de tres afluentes del río Maipo, podría afectar negativamente la principal fuente de agua potable para los habitantes de Santiago, pero también agravaría el problema de contaminación de la ciudad al dañar el “corredor verde” de su cuenca.

Matías Asun, director de Greenpeace en Chile, dijo que la declaración es “muy dura” y sin precedentes. “Es un emplazamiento que debe ser respondido por el gobierno”, declaró.

El gobierno chileno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.