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31/07/2020 - Para la ONU

Vicentin: el Gobierno nacional derogó la intervención de la empresa

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa", destacó el Presidente al explicar el nuevo decreto. Responsabiliza al juez y a los empresarios por lo que suceda con la cerealera e instruye a los funcionarios a que "recuperen los bienes del Estado" comprometidos.

Un nuevo DNU con la firma del presidente Alberto Fernández cierra el capítulo del salvataje a la empresa Vicentin, cuyo final había anunciado este jueves el secretario de Justicia de Santa Fe, Guillermo Somaglia, al retirarse de la audiencia de "conciliación" fijada por el Juez de Reconquista, Fabian Lorenzini. El nuevo decreto dejará sin efecto la "intervención" y a partir de esto será el magistrado --que dejó en manos de los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán la administración de la empresa-- el encargado de llevar adelante un proceso que podría derivar en la quiebra de grupo, en la medida que no haya aportes de nuevos capitales ni se llegue a un acuerdo con los acreedores, que reclaman más de 800 millones de dólares, entre ellos el Banco Nación y bancos extranjeros, además de corredores, acopiadores, cooperativas y proveedores.

En un largo hilo en su cuenta de Twitter, el presidente explicó los motivos de su decisión. "Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", señaló para remarcar la responsabilidad del juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el proceso de quiebra e impidió que los interventores designados por el Estado pudieran hacerse cargo de la compañía.

Una vez fijado el papel que le cupo a la justicia, Alberto Fernández se explayó sobre los motivos que lo llevaron a desandar el camino elegido para rescatar la empresa, vaciada por la gestión de los mismos directivos que el juez se empeñó en mantener al frente. "El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", precisó.

"Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo --precisó el Presidente--. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído."

Finalmente, dio a conocer los riesgos que implica para el Estado mantener la intervención en el nuevo cuadro de situación planteado por los empresarios y el juez que se empeña en protegerlos. "La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", cerró su explicación antes de comunicar los siguientes pasos que adoptará el Estado para enfrentar el escenario actual: "He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.

La posición de Santa Fe

"Vamos a ver si en el lapso de casi un año que les asignó el juez pueden sacar adelante esta situación", dijo a Rosario/12 una alta fuente del gobierno de Santa Fe, cuyos representantes dejaron en claro que ante la negativa a ceder las acciones a un fondo fiduciario y la insistencia de la conducción de permanecer en sus cargos abandonaba la iniciativa del salvataje. "Capítulo cerrado", dijo Somaglia ayer mientras se desarrollaba un allanamiento en las oficinas de Vicentin, que pasó inadvertido para los medios de la región.

De ahora en más, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, agregó la misma la fuente, que pronosticó que "va a ser difícil que en el mundo de los negocios alguien haga un aporte de capital mientras estén los mismos nombres que llevaron la empresa a este desastre", del mismo modo crece la incertidumbre entre los acreedores que no ven una alternativa viable para cobrar sus granos liquidados.

"Una vez que salga el decreto se vuelve a foja cero, y vamos a ver qué dicen aquellos que cuestionaron la idea del salvataje con argumentos falaces, y qué ofrecen a cambio para garantizar las fuentes de trabajo y el cobro de los acreedores" concluyó el funcionario.


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