Persecución política, social e ideológica y finalmente, despidos

Que esta solicitud involucra una ley de reparación histórica que dé cuenta de los atropellos padecidos y deje abierta la posibilidad de que el estado nacional reconozca que estos actos se efectuaron y sean denunciados los ejecutores de tales actos.

Que esta ley se llame Natalia Bruno ex delegada y militante gremial de la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE) que fue despedida y una enfermedad se la llevó antes de que asuma el nuevo gobierno. Esta ley dará justicia y reparo a los miles de afectados llevará honor al nombre de nuestra compañera y será un buen gesto dedicado a su familia y en ella a todas las trabajadoras y trabajadores despedidos y cesanteados.

Particularmente y por caso, Natalia Bruno trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF antes subsecretaría) en la órbita del Ministerio de Agroindustria.

En un recuento aproximado esta división ministerial tiene 1200 despidos en el período 2016 a 2019. Mil doscientas personas cuyas familias quedan sin el sustento del pan de cada día.

Personalmente hemos padecido esa experiencia en mi provincia, Tucumán, donde en un total de 67 empleados fueron despedidos o desafectados  27 personas en el período 2016 a 2018.

En este contexto somos testigos de conductas rayanas en lo siniestro, violentas o amenazantes, propias de un régimen dictatorial. Como por ejemplo ver entrar a las oficinas al director de la institución afirmando en voz alta “a quien voy a correr hoy” como si fuese un chiste que inaugura la jornada. O comentarios insultantes realizados públicamente por personal directivo sobre profesionales y colegas que luego eran despedidos a los pocos días.

Lo escandaloso no tenía límites llegando al punto que todos los empleados recibieron un mail por parte del personal jerárquico, con un archivo adjunto de una planilla conteniendo un listado de los nombres completos de los empleados y empleadas indicando la tendencia política e ideológica; listado que coincide en parte con la lista final de despedidos. Pero ¿habrán sido actos aislados? ¿Inconducentes? 

Si mencionamos que ni siquiera se enviaron telegramas de despidos o cese de funciones  dejando al trabajador o trabajadora en una situación indefensión o de dificultarle la respuesta adecuada al carecer  de los motivos y presentarse una situación de “facto”.

La órbita institucional más afectada proporcionalmente con respecto al total de todos los ministerios y agencias  fue la Secretaría de Agricultura Familiar no sólo por motivos ideológicos claros de destrucción  del campesinado más humilde, destrucción de las áreas institucionales de políticas públicas que los asistían reconociéndolos como factor económico, político sino también como sujeto de derecho.

Si precisamos el atentado del desmantelamiento de las políticas públicas (logradas con el esfuerzo de años), acciones contra la creación de agencias estatales dedicadas al sector agropecuario más carenciado; acciones de cesantías masivas de trabajadoras y trabajadores  haciendo exhibición de persecución ideológica; acciones políticas de quitar derechos o menguarlos al sector de la agricultura familiar  como su aporte jubilatorio; entonces es que existió un plan sistemático que se había desatado sobre la sociedad argentina.

Ocurre casi cíclicamente en Argentina pero obedece a pautas muy precisas y actores políticos y sociales casi repetitivos. Pero el “cambio” que causa estas catástrofes sociales remiten a “cambios” en la matriz productiva, que determinados sectores se dedican a implementar.

No me interesa señalarles mis  estimados  Presidente  y Vicepresidenta las causas y efectos de la década de los ´90 sino aquellas de un tramo histórico anterior que al develarlo lo explica y corresponde. Me refiero a la dictadura cívico militar de 1976.

El cambio de una matriz productiva suplantada por una matriz financiera con efectos desastrosos y ejecutados desde el estado es la causa.

La demostración científica, la constatación de los hechos puede verse en el libro que trata un estudio de caso como el de Basualdo E. ; Sartarcángelo J. y otros el Banco de la Nación Argentina y la dictadura (2016). Y en el saber popular le llamamos simplemente la creación de “la tablita financiera”.

Nada es casual sino causal y por lo tanto existen responsabilidades precisas y efectos determinantes que no se pueden negar en la realidad. Todo lo demás agregado  es casi fuego de artificio y distracción.

Podemos considerar la relación estricta de los ejecutores con el poder financiero mundial y  esta “etapa” del capitalismo. Así es. Pero también es menester aclarar que estas íntimas relaciones  tienen efectos causantes mortíferos sobre las mismas sociedades y estas se ven desenmascaradas en su desnudez en la precariedad actual  en que enfrentamos al pandemia al observar distintos países con distintas respuestas y estas se deben no solo a diferentes conceptualizaciones   sino a cuestiones más de ideología y el modo de encarar una respuesta eficaz desde el control de estado con diversas prácticas y prejuicios ideológicos.

Si observamos en detalle las prácticas que se ejecutaron en el período anterior vemos la repetición de la persecución política ideológica como herramienta de sometimiento, el uso de campañas psicológicas para adhesión y las amenazas.

Por historia regional y provincial sabemos ya que aún antes de 1976 esos listados existían y nuestros dirigentes gremiales y trabajadores padecían el arresto arbitrario ante “la visita” de algún dictador. Esta vez las cesantías fueron masivas.

Un pequeño detalle acerca de la articulación de la destrucción en el último gobierno fue la resonancia de la falta de obediencia a reglas o destrucción de normas que dejaban impune al proceso de destrucción. No solamente se presentaban los despidos como “males menores” o directamente se ocultaban, sino muchas veces en su faz jurídica, se pretendió quitar el carácter y los hechos de persecución política y mantener a estos mismos hechos como actos administrativos “contractuales”. Y en esa trampa existen evidencias de resoluciones judiciales que avalan o legitiman los despidos y persecuciones.

La resonancia de “efectos reglamentarios” actuantes nos remite al antecedente de la dictadura cívico militar. Durante la dictadura de 1976 en las universidades nacionales se emitían cesantías masivas y se emitían telegramas (o resoluciones) de despido a personas que estaban desaparecidas o eran perseguidos y por tanto eran impedidos de asistir a su lugar de trabajo. La resonancia no es sino la correspondencia de la metodología de persecución implementada.

Finalmente ante estos desastres causados y padecidos dando estos antecedentes, dado el impacto de las políticas nefastas sobre la vida de las trabajadoras y los trabajadores  me queda expresar mi fuerte adhesión al pensamiento expresado por Cristina Fernández en su libro “ Sinceramente “ en el año 2019: “Se requiere algo más profundo: un nuevo contrato social con derechos pero también con obligaciones , cuantificables , verificables, y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político e institucional” (página 594).

Como trabajadoras y trabajadores ¿qué se puede esperar de nuestro lugar de trabajo? ¿Quién es “el otro” humano compañerx o directxr? ¿Será legítimo perseguirnos y quitarnos el sustento diario?

Estas cuestiones me han llevado a escribir esta carta. Hubiera sido todo un gesto encontrar la restitución laboral en las primeras semanas del ejercicio del nuevo mandato pero aún se carece de respuesta.

A pesar de todo agradezco su atención, así como la oportunidad de años atrás, de ejercer con profesionalidad y dedicación las tareas encomendadas en la Secretaría de Agricultura Familiar. La posibilidad de servir durante años a los sectores más postergados de la agricultura y experimentar la novedad institucional de la Secretaría creada por Nestor Kirchner teniendo como fundamento político y técnico, la voz y el pensamiento de los mismos productores y organizaciones plasmadas en su documento fundacional.

Nada me priva del placer de la memoria de haber atravesado campos a la vera de montañas y montes; caminar por surcos desde el amanecer y al cerrar las jornadas asistir a reuniones organizativas de los sujetos que habían sido excluidos históricamente pero que se ponían de pie levantando sus organizaciones de base.

Es en su rostro, de su mirada atenta y de sus manos callosas de esperanzas que me nacen letras de reinserción laboral para acompañar su trabajo digno de la producción de alimentos en Argentina.

En síntesis les reitero mi pedido de REINCORPORACIÓN inmediata de las y los trabajadores despedidos durante el período 2015 a 2019.

En segundo lugar solicito una resolución legal que solucione la precariedad de todas las trabajadoras  y todos los trabajadores con su pase a planta permanente.

Les dejo un saludo afectuoso. Con la conciencia de que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Agradeciendo su atención y su tarea de conducir el país en esta coyuntura de pandemia.

Raúl Mauricio Carrizo 
ex empleado de la SAF despedido sin aviso legal desde mayo del 2018
DNI: 16.933.394
Teléfono: 381 5 88 2997

Nota de redacción: los destacados realizados en este texto, corren por cuenta de la edición del mismo, y no del autor de la carta