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Brasil extiende de manera ilegal programa de trabajo carcelario no remunerado

El estado brasileño de Río de Janeiro ha extendido ilegalmente un programa laboral no remunerado para prisioneros que ha sido criticado por expertos en derechos humanos como una forma de esclavitud moderna, mostraron documentos obtenidos exclusivamente por la Fundación Thomson Reuters.

Detalles.

El sistema penal de Brasil ha dependido durante largo tiempo del trabajo penitenciario barato en sus cárceles hacinadas y con bajo financiamiento, en las que los presos cocinan, limpian y mantienen las dependencias a cambio de unos 748 reales al mes (145 dólares) y una leve reducción de sentencias.

Sin embargo, el gobierno de Río de Janeiro creó una categoría de “trabajo voluntario” en julio de 2018, bajo la que los prisioneros recibieron una reducción de sentencia por su trabajo pero no un pago.

El programa, incluido entre medidas de emergencia para mantener operando las prisiones de Río en medio de los problemas de liquidez del estado, debía terminar en enero de 2019, pero fue extendido por un juez estatal hasta agosto del año pasado.

La Fundación Thomson Reuters determinó que el programa aún opera, aunque documentos entregados por fuentes con conocimiento del tema muestran que una solicitud para extender el programa hasta 2021 aún no ha sido aprobada por el juez Rafael Estrela.

Las fuentes confirmaron que Estrela, quien aprobó inicialmente el programa, no había autorizado ninguna extensión solicitada por la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) de Río más allá de agosto de 2019.

El Mecanismo Nacional para la Prevención y Lucha contra la Tortura de Brasil, un organismo independiente que documenta las violaciones a los derechos humanos en centros de detención, dijo que el programa equivale al trabajo esclavo y no tiene “apariencia de legalidad” sin la aprobación judicial.

SEAP no respondió a preguntas sobre la legalidad del programa. Dijo que unos 1.190 prisioneros han firmado voluntariamente y que sus condenas se reducen en un día por cada tres trabajados.

Los prisioneros han dicho que no son obligados a trabajar, pero sienten que tienen pocas opciones dado que quieren pasar menos tiempo recluidos y las prisiones del estado se deteriorarían debido a que alojan a casi 53.000 reos, unos 20.000 más que su capacidad.

Estrela no respondió a una solicitud de comentarios, pero dijo que aprobó el programa el año pasado porque las autoridades de las prisiones insistieron en que no tenían dinero para pagar sueldos a los reos y que sin la autorización podría colapsar el sistema correccional completo.

Río de Janeiro declaró en 2016 un período de “calamidad financiera” que debía extenderse hasta 2021, pero que el gobernador del estado dijo el año pasado que se prolongaría hasta 2023.

El estado debe casi 14 millones de reales (2,74 millones de dólares) a prisioneros por trabajos realizados entre 2016 y 2018, antes de la creación del programa voluntario, mostró un documento de SEAP. Bajo las leyes federales y estatales, los prisioneros deben recibir un pago del 75% del sueldo mínimo además de la reducción de sentencia.

Reporte de Fabio Teixeira; Editado en Español por Ricardo Figueroa; La Fundación Thomson Reuters es una unidad de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, conflictos, derechos humanos, asuntos de igualdad de género y de cambio climático. Visite http://news.trust.org para acceder a más artículos.