Repudios internacionales e investigación nacional por la militarización del Parlamento

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, afirmó que investigará "si hay delito" en la militarización del parlamento ordenada por el presidente Nayib Bukele, en el contexto de un conflicto de poderes que mereció renovadas críticas de gobiernos y organismos internacionales.

"Si hay delito, eso es algo que se deberá analizar; un equipo de fiscales estuvo siguiendo con detenimiento todo lo que estaba sucediendo; hay denuncias que ya han sido interpuestas el día de ayer ante la Fiscalía General y se van a analizar", afirmó Melara en una entrevista televisada.

"Lamento el uso excesivo que se dio de la Fuerza Armada; hubo un exceso del director de la Policía Nacional Civil (PNC, Mauricio Arriaza), hubo un exceso del ministro de Defensa (almirante René Merino)", agregó.

Melara subrayó que la visita que Bukele hizo ayer a la sede de la Asamblea Legislativa (AL, parlamento unicameral) rozó una "línea muy delgada" y sostuvo que la presencia de militares y policías armados allí fue "algo que no se debe repetir", según recogieron los diarios locales El Mundo y La Prensa Gráfica.

En cambio, el mandatario minimizó la gravedad del asunto en declaraciones al diario español El País, en las que sostuvo que "si fuera un dictador habría tomado el control de todo el gobierno anoche".

"¿Qué es más grave?", se preguntó Bukele, y continuó: "¿Una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos? ¿O saber que hubo diputados que negociaron con pandilleros? Lo de los militares solo fue un acto de presencia. Fijarse en eso es estar enfocándose en lo superficial".

La sede de la AL amaneció fuertemente custodiada por militares y policías luego de que Bukele le diera ayer una semana de plazo para que apruebe un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares para financiar un programa de seguridad y reiterara su amenaza de llamar a una virtual insurrección civil si ello no ocurre.

Dentro de la AL, sus autoridades y las de las respectivas bancadas se reunieron "con carácter de urgencia" con el objeto de acordar un pronunciamiento sobre la militarización de su sede.

En ese encuentro se resolvió suspender "hasta nuevo aviso" la sesión extraordinaria que había sido convocada para hoy con el propósito de debatir la autorización del crédito, informó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, en Twitter.

El centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -que gobernaron El Salvador entre 1989 y 2019 y tienen las dos mayores bancadas parlamentarias- se niegan a aprobarlo porque aducen que no tienen garantías sobre cómo se ejecutará y fiscalizará.

Mientras tanto, embajadores acreditados en el país y organismos internacionales expresaron su preocupación por el conflicto.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador advirtió en un comunicado que "el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país".

Asimismo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, advirtió que "los ojos del mundo están sobre El Salvador y Nayib Bukele en este momento crítico".

"Los militares salvadoreños no deben ser usados para resolver disputas entre el presidente y el parlamento; las diferencias civiles deben ser resueltas por instituciones civiles", añadió Engel en declaraciones a la radio estatal estadounidense NPR divulgadas por la propia cámara baja en Twitter.

"Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución", dijo Bukele ayer, al salir de la AL.

Ese artículo, que el mandatario también había invocado al convocar a la manifestación ciudadana, "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados" por la propia carta magna.