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AMPLIARLa Nación entre Unitaros y Federales

Federalismo y equidad

Sólo la equidad tributaria podrá revertir el cuadro de decadencia de provincias empobrecidas. La história nos enseña con sus documentos la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con equidad.

Detalles.

La Argentina se constituyó desde su independencia como Provincias Unidas y cuatro décadas después fue la alianza entre los caudillos del interior y la burguesía porteña la que derrota a Rosas en Caseros. Pero el puerto de Buenos Aires no quiso compartir los ingresos de la aduana, el mayor ingreso tributario de la época, y eso provocó la escisión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, o Las 14 provincias, que igual establecieron un régimen federal de gobierno. El 5 de marzo de 1854 fue electo Presidente el general Justo José de Urquiza y la ciudad de Paraná fue la sede de su gobierno.

La batalla de Pavón y la invasión de los ejércitos porteños a las provincias significaron una ruptura decisiva y los términos «Confederación Argentina» dejaron de usarse. Tras casi un año de acefalía, asumió la presidencia el ex gobernador porteño Bartolomé Mitre (octubre de 1862), de la rebautizada “Nación Argentina”. Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución afirma que “las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes”.

Mitre y sus coroneles Venancio Flores, Sandes, Paunero, Irrazabal lograron defenestrar a los caudillos populares del interior sembrando el terror, y nombraron en su lugar a representantes porteños y/o de familias tradicionales que conformaron una verdadera casta dominante — una incipiente “liga de los gobernadores”.

El problema para Mitre y los porteños fue que la Liga de los Gobernadores se fue acrecentando con el tiempo, lograron afincarse en determinadas producciones (azúcar, vino, producción agrícola y ganadera) y decidieron que necesitaban independizarse de la tutela de los porteños, por lo que en 1880 sitiaron por tierra y por mar la ciudad de Buenos Aires. Fungía como Presidente de la República Nicolás Avellaneda y como Gobernador de la Provincia Carlos Tejedor. El primero abandonó la casa de gobierno en la ciudad para alojarse en el —en esa época lejano— pueblo de Belgrano, declarando que el gobierno de Buenos Aires se había alzado en armas contra la Nación.

Hubo alguna que otra contienda hasta que Tejedor nombró a Mitre como Comandante en Jefe de las tropas porteñas. Ese mismo día (23 de junio de 1880) se firmó un armisticio de 24 horas: luego de varias entrevistas entre el Presidente Avellaneda y el representante porteño Mitre, se llegó a un acuerdo por el cual se dictó una generosa amnistía para los sublevados a cambio de la renuncia incondicional de Tejedor a la gobernación, el nombramiento de nuevos representantes y la aceptación de que la ciudad se entregaría a la autoridad nacional para convertirse en territorio federal como capital de la República [1].

Una vez más Mitre respondiendo a los intereses de Inglaterra laudó en contra de sus mandantes y a favor de lo que fue el modelo agroexportador de 1880, donde el centro estratégico eran las grandes estancias de todo el país y el puerto era administrado por la Nación bajo la influencia de comerciantes ingleses.

El interior que se impuso fue un interior oligárquico, tan oligárquico como el de la provincia de Buenos Aires. Tanto, que en forma conjunta nombraban las principales autoridades, incluidos los Presidentes:

1 Julio Argentino Roca, que había nacido en Tucumán y era en ese momento Ministro de Guerra de Avellaneda, en cuyo carácter condujo la Campaña de Desierto; 

2 Victorino de la Plaza y José Evaristo Uriburu, de Salta;

3Miguel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta (de Córdoba) y

4 Manuel Quintana, porteño, que no dudó en proponerle a Inglaterra que bombardeara el Puerto de Rosario en 1876, cuando el Gobierno santafesino de Servando Bayo no acató la ley que ordenaba la conversión a oro de todas las emisiones de papel moneda realizadas por el gobierno de la provincia. 

Despúes del 30

Así se modeló la Argentina, dependiendo del mercado externo, lo que se frenó con la crisis de 1930 y la necesidad de sustituir importaciones y crecer hacia adentro.

La tierra estaba repartida de manera desigual y la productividad agrícola era insuficiente, por el predominio de la ganadería. Con la idea de que los impuestos podían contribuir a mejorar ambos aspectos, los gobiernos conservadores de principios de los años ’40 introdujeron un alícuota progresiva en el impuesto inmobiliario rural con el objetivo de incentivar su fragmentación y estimular la colonización agrícola, política que fue continuada por los gobiernos peronistas, hasta que la Revolución Libertadora lo derogó.

Cuando Arturo Illia trató de restablecerlo, se opusieron la Sociedad Rural, el Senado de la Nación y el Ejército Argentino.

El crecimiento económico se logró industrializándose, bajo los gobiernos de Juan Perón y Arturo Frondizi, y con ello creció una clase obrera que, ante los intentos de restauración durante la dictadura de Onganía, respondió hace 50 años con jornadas de lucha como el Cordobazo. La burguesía local se asustó y decidió volver al país de enclaves productivos ligados al exterior y que la pobreza y la desocupación disciplinaran a los trabajadores.

Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional es relegado a un rol cada vez menor, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que aprovechando las ventajas naturales de la posesión de la tierra más fértil del mundo y de su rico subsuelo, puede vender (y comprar), y las economías crecientemente vegetativas de las regiones arruinadas y de su población.

Consenso y responsabilidad fiscal

• Están supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida que se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias);

• Son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como evidencia que el total del Impuesto Inmobiliario Rural cobrado en todo el país (y la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que produce el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc.), representa menos del 0,3% del PIB.

El mayor ingreso tributario de las provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Se trata de un impuesto al consumo y en consecuencia indirecto, que se traslada de modo que lo paga el consumidor final. Representa las dos terceras partes de la recaudación. En cambio el impuesto inmobiliario rural, que es directo y lo pagan los dueños de la tierra, solo explica el 2,66% de la recaudación. Esto es menos de lo que pagan los propietarios de viviendas de los pueblos y del primero, segundo y tercer cordón del gran Buenos Aires.

• En ese marco las provincias (menos San Luis) firmaron con la Nación un acuerdo donde se comprometen a reducir la “presión tributaria”, a disminuir y hasta eliminar a partir de 2020 la alícuota de sus dos principales impuestos, IIBB (que repetimos es su principal ingreso propio) y Sellos. Y todavía es peor en el Impuesto a los Sellos, donde se fijó una alícuota máxima de 0,75% para este año, del 0,5% para 2020, del 0,21% para 2021 hasta eliminarlo desde el 1° de enero de 2022.

  La estructura tributaria nacional está compuesta por impuestos que gravan consumo, ganancias y bienes patrimoniales. Las dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solo el IVA representa el 7,82% del PIB. En cambio, el impuesto a las Ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,90% del PIB; y Bienes Personales (patrimonio) representa el 0,14% del PIB. Por ende es el consumo, que desciende fuertemente por las políticas contractivas del gobierno de Cambiemos, el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional como para las provincias (por la coparticipación federal de impuestos), y en cambio es ínfimo el impuesto al patrimonio (en la Nación: Bienes Personales y en las Provincias el Impuesto Inmobiliario y a la patente automotor).

   

  Independientemente de cada gobierno, todas las provincias presentan enclaves productivos, con muy poco multiplicador de trabajo y de inversión en la región, que usufructúan la ventaja comparativa y contribuyen mínimamente con el fisco local y nacional. Veamos tres ejemplos:

  Su actividad principal es la vitivinicultura. La mitad de las explotaciones agrícolas mendocinas corresponden a dicha rama. Con el 70% de los viñedos del país e igual porcentaje de la producción, Mendoza es el principal centro vitivinícola de la Argentina y de América. Sus más de 1.200 bodegas son la base de la economía mendocina. Sin embargo la riqueza es para los grandes productores y fraccionadores de vinos, ya que el Estado deja que el precio se regule por el mercado cuando existe una asimetría enorme con la gran mayoría de los productores. El productor entrega su producción a los industriales, que incumplen con la Ley 9.133 que regla el registro de entrega de uva a los bodegueros: la pagan cuando quieren y al precio que quieren. Todo ello va acompañado por una gran cartelización y extranjerización de las mayores bodegas, a manos de grandes inversionistas franceses, estadounidenses y chilenos, con grandes empresas que han diversificado sus inversiones en bodegas y viñedos como Pérez Companc. Resultado: Mendoza entra en una profunda recesión con fábricas metalmecánicas cerradas, trabajadores desocupados y niveles de pobreza del 37,6% de su población para el primer semestre de 2019, superior al de las demás provincias de Cuyo.

  Como todo el norte argentino, Salta sufre niveles de pobreza propios del África Subsahariana y, por las mismas causas, es un modelo dependiente del exterior. Concentra el 3,1% de la población de nuestro país (1.340.000 habitantes), y su Producto Bruto Geográfico (PBG) representa el 1,56% del total de la Nación (unos U$S 6.000 millones). Su PIB per capita es uno de los más bajos de la Argentina (U$S 4.300 por año) y muy mal distribuido. Según el INDEC, en el primer semestre de 2019 la pobreza en Salta es del 41,8% de su población y la indigencia del 7,7%.

  Salta tiene inversiones como la del Grupo Juramento, de Jorge Brito (Banco Macro) con tierras, ganado y frigorífico en Anta y en Orán; Pérez Companc, que es dueño de La Salteña; Pluspetrol, presidida por Edith Rodríguez de Rey con inversiones en petróleo y en litio en Salinas Grandes (Salta y Jujuy); los Peña Braun tienen campos con soja; y Alfredo Olmedo, que cuenta con 110.000 hectáreas y es el mayor productor sojero individual del país con tierra propia. Todos funcionan como enclaves, no generan trabajo en la provincia, donde las actividades con mayor nivel de ocupación son los servicios y el comercio (57%), relegando a la agricultura, ganadería y pesca (18,6%), a la industria (11,6%), a la construcción (9,5%) y a la minería (3,3%) y emplean en total 150.000 puestos privados y 90.000 públicos, con una informalidad laboral (trabajo en negro) provincial que alcanza al 44,8%, superior al 33,4% del nivel nacional.

  Cuenta con 1.135.000 habitantes y presenta crecientes niveles de marginación y un alto porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas. Según el censo del INDEC del primer semestre de 2019, en Gran Resistencia el 36,2% de los Hogares y el 46,9% de las personas son pobres. Muy relacionado con esto se observa una deficiente infraestructura de servicios que agrava la situación.

  Los productores agropecuarios minifundistas o campesinos comparten el espacio físico con grupos aborígenes, pero tienen bajo acceso a la tierra, que es poseída por los grandes productores, que constituyen una minoría. A esto debe sumársele la irregularidad en los títulos de tierras, la ocupación de tierras fiscales y privadas y los campos comuneros.

  Según un estudio de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el 80% de los productores chaqueños poseen superficies de hasta 60 hectáreas y, debido a la expansión de la frontera agrícola, se incorporaron un conjunto relevante de nuevas explotaciones de mayores extensiones, de 10.000 hectáreas y más, que se destinan en su mayoría al cultivo de cereales y oleaginosas, fundamentalmente soja.

  Actualmente la soja ocupa la mayor proporción de hectáreas sembradas de la provincia (39%), seguida por las hectáreas sembradas de girasol (22%), maíz (17%), algodón (13%) y trigo (7%). Es la provincia con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana, según los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. Dicho proceso fue coincidente con la disminución del peso del cultivo de algodón.

  Áreas extensas del bioma del Gran Chaco fueron taladas y quemadas para la producción de soja. El Gran Chaco es un ecosistema de extraordinaria biodiversidad, donde viven especies autóctonas como el jaguar, el piche llorón o el oso hormiguero gigante, así como comunidades indígenas como los Ayoreo, Chamacoco, Enxet, Guarayo, entre muchos otros.

  Sus principales inversores son grandes empresas con puertos propios ligadas al exterior, como Vicentín Cereales SA, de la familia Vicentín que produce soja y tiene la cadena del algodón, con plantas desmotadoras en General Pinedo y la hilandería industrial por su empresa controlada: Algodonera Avellaneda S. A.

  Monsanto Argentina, de la firma Bayer de Alemania, produce y vende semillas y agroquímicos y es una de las firmas que (junto a Cargill y ACA) en los últimos años se han apropiado de 2.791.302 hectáreas en disputa en la región chaqueña. Las víctimas: 18.000 familias campesinas e indígenas.

  Cargill es la mayor empresa exportadora argentina y una de las líderes en alimentos, productos y servicios para el sector agroindustrial. Se trata de una firma multinacional con sede en los cinco continentes, a través de 30 países. Tiene en Puerto Vilela la acopiadora y la molinera que era de Bunge y Born, pero decidieron desprenderse de ella y trasladarse a otras plantas en el país que son más modernas y mecanizadas y con mejor salida a la hidrovía del Paraná.

  La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) está formada por 150 cooperativas agropecuarias que juntan a 50.000 productores. Son acopiadores de granos que poseen molinos y fábrica de aceites y cuentan con una filial en Puerto Vilela, Chaco.

  Todos ellos reproducen generosamente el capital invertido, pero la provincia es una de las más pobres.

  La tarea que le cabe al próximo gobierno es ciclópea. Debe obrar con criterio, coraje y decisión para dar cumplimiento al Artículo 16 de la Constitución Nacional que dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Hacer operativo este principio es el primer paso ante lo insignificante que pagan de impuestos los ricos del país, que gozan de la renta agraria, minera, petrolera, financiera, y el punto de partida para que la economía crezca y distribuya mejor el ingreso, recreando eslabones de la cadena del proceso productivo y reorientando la producción hacía el mercado interno.

  Junto a una imprescindible reforma tributaria se debe planificar qué tipo de integración queremos y qué se puede hacer. La Argentina cuenta con recursos naturales, pero también con una mano de obra capacitada, hoy con alta desocupación y mal paga, que se debe capacitar más para generar trabajo y con ello, como dijera Néstor Kirchner, que se levante una nueva y gloriosa Nación, la nuestra.

• Por Horacio Rovelli

• https://grupolacapitana.com.ar/federalismo-y-equidad/