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Genocidas en prisión militar de Punta Peuco
Camara fotoAMPLIARGenocidas en prisión militar de Punta Peuco
10/10/2019 - Caraduras

15 genocidas chilenos piden favores carcelarios

Quince violadores de derechos humanos, que acumulan varias condenas a cadenas perpetua por sus crímenes cometidos bajo la última dictadura en Chile (1973-1990), exigen beneficios en la prisión sin rubores.

Detalles.

Así lo sostiene un documento reservado, enviado por Gendarmería al Tribunal Constitucional. El escrito fue revelado hoy por radio Bío Bío y entre los nombres figura el temido Alvaro Corbalán, exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI, el aparato represivo que reemplazó en 1978 a la DINA. El exmayor del Ejército cumple condena en la cárcel especial para militares de Punta Peuco tras ser sentenciado a cadena perpetua por la muerte del carpintero Juan Alegría, sin filiación política y alcohólico, a quien se le cortò las venas hasta desangrarse para imputarle el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, degollado en febrero de 1982. También está sentenciado por la muerte de 17 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en falsos enfrentamientos conocidos como la Operación Albania.

Otro de los nombres propuestos es el del ex mayor Carlos Herrera, alias Bocaccio, autor material del crimen de Tucapel Jiménez, además del asesinato del transportista demócrata cristiano Mario Fernández en 1984. Miguel Estay Reyno, alias "El Fanta", exmilitante de las juventudes comunistas reclutado por el criminal Comando Conjunto de la Fach en los años 70, y colaboró en la detención completa de la directiva juvenil de su partido. Luego pasó a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, asociación ilícita que degolló en 1985 a tres profesionales comunistas.

El oficio del servicio de prisiones -afirma radio Bío Bío- aparece en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el exagente de la CNI Rodrigo Pérez, quien junto a Corbalán participó y fue condenado como participante de la Operación Albania. Este último presentó el requerimiento pero no fue incluido en el listado para obtener el beneficio carcelario.

El abogado de DDHH, Francisco Bustos, que es parte en el recurso ante el TC, explicó a la emisora que "si bien es cierto la ley permite incluso a condenados por crímenes de lesa humanidad acceder a este beneficio, debe cuidarse que no signifique impunidad".

"La postulación por parte de Gendarmería debe ser más cuidadosa. Si pensamos que condenados como Alvaro Corbalán, solamente en 2017, fue condenado a penas que suman 22 años, ello implica que mal podría haber cumplido el porcentaje de condena requerido para que la autoridad resuelva en su favor", relevó el profesional. Recordó que los crímenes de lesa humanidad "no pueden recibir amnistía y además son imprescriptibles, porque se comenten en contextos donde no es posible perseguirlos". "Por la misma razón, el Derecho Internacional exige que las penas sean proporcionales a su extrema gravedad. No se trata de cualquier delito", dijo Bustos.

La decisión de otorgar el beneficio deberá analizarla un grupo de magistrados quienes evalúan el listado enviado por Gendarmería. De allí, será el secretario regional ministerial de Justicia quien resuelva. 


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