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AMPLIARCodelco deja de financiar a las FFAA

Trabajadores del cobre aplauden fin ley reservada de Pinochet

La ley reservada del cobre, impuesta durante la dictadura militar (1973-1990), significó incluso que la estatal Codelco se endeudara con la banca privada por 14 mil millones para financiar a las Fuerzas Armadas.

Detalles.

La Federación de Trabajadores del Cobre de Chile aplaudió la derogación de la ley reservada del metal en el país, pero advirtió que sus efectos en la recapitalización y reinversión de la empresa estatal Codelco sólo se harán palpables en unos 10 años.

Juan Olguín, presidente de la entidad, dijo que la ley reservada del cobre, impuesta durante la dictadura militar (1973-1990), significó incluso que la estatal Codelco se endeudara con la banca privada por 14 mil millones para financiar a las Fuerzas Armadas. Calificó la nueva norma como un anhelo histórico de la federación y un deber "imperativo" del estado con su principal empresa.

A juicio de la Federación "este oprobioso gravamen, que ninguna otra empresa del mundo sufre", impidió que Codelco pudiera reinvertir parte importante de sus excedentes en proyectos productivos, estructurales y de sustentabilidad. Olguín advirtió que, sin embargo, serán necesarios unos 10 años para "emparejar la cancha entre las cupríferas privadas y Codelco".

Enfatizó que algunos sectores quieren introducir capitales privados a la Corporación del Cobre. Ante ello, los trabajadores mantienen "un sólido apoyo, un acuerdo unánime y transversal en el sentido de que Codelco debe continuar siendo 100 por ciento estatal", subrayó.

Respecto del proyecto de protección de glaciares, que se tramita en el Congreso, la Federación dijo compartir la necesidad del cuidado responsable del medio ambiente pero acusó una ausencia en la discusión de un debate que concilie la iniciativa con los aspectos técnicos y sociales.

"Como Federación hemos estado siempre disponibles para exponer nuestra visión sobre la protección de los glaciares y el desarrollo de la minería, con su impacto sobre la empleabilidad y el desarrollo socioeconómico de las comunidades·, enfatizó Olguín.

Manifestó la inquietud de los trabajadores por lo que consideran "intereses particulares y conductas irresponsables de algunos actores políticos que legislaron de forma absolutista".

Advirtió que dicha ley podría generar efectos adversos en el empleo de 32 mil trabajadores del cobre y sus familias.

Olguín aseguró que otros países han logrado armonizar una política ambiental consensuada entre todos los sectores afectados directa o indirectamente.