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Andrés Chadwick (imagen publicada en las redes sociales). (foto: Ansa)
Camara fotoAMPLIARAndrés Chadwick (imagen publicada en las redes sociales). (foto: Ansa)
31/05/2019 - Deuda

Ministro chileno cuestione informe sobre DDHH de Amnistía

Amnistía Internacional afirmó ayer que el gobierno de derecha de Sebastián Piñera aumentó la deuda en Chile en materia de respeto a los derechos humanos. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, refutó el documento y acusó "una visión muy sesgada" del organismo humanitario.

Detalles.

"Se centra fundamentalmente en proyectos de ley sobre temas de género y sexualidad y no hay una palabra para la agenda de mujer que ha impulsado el presidente y que ya se ha concretado en varias materias. Le falta información, debieran recabar más antecedentes para hacer bien su trabajo", aseveró Chadwick.

Amnistía Internacional analizó las diferentes políticas gubernamentales y su respeto a los derechos ciudadanos desde que Sebastián Piñera asumió su segundo gobierno, en marzo de 2018 .

La entidad indicó que varias medidas "despiertan profunda preocupación porque atentan contra la igualdad, la dignidad, la justicia y las garantías de condiciones básicas de vida". Explicó que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos y "si estos derechos están siendo vulnerados o los Estados no toman las medidas necesarias para resguardarlos, existe una obligación incumplida y, por lo tanto, una deuda".

Una de las críticas más duras fue para el plan "Ordenar la casa" en el caso de los migrantes. Amnistía Internacional sostuvo que "'ordenar la casa' usualmente significa botar lo que no nos sirve, criterio que no debiera ser el fundamental en una política migratoria". Añadió que la deuda fue aumentando con la decisión de no firmar el Tratado de Escazú y el Pacto Global de Migraciones; las reiteradas ocasiones en que ha intentado entorpecer la aplicación de la ley de aborto en tres causales; el proyecto de control de identidad para menores de edad; el programa "Calle segura" que incluye el uso de drones con tecnología de reconocimiento facial, y el detener el proceso de nueva Constitución.

Otros aspectos que acrecientan la deuda y encienden las alarmas son la muerte del lonko mapuche Camilo Catrillanca como consecuencia del actuar del llamado "Comando Jungla" y la insistencia en aplicar la ley antiterrorista que sólo contribuye a la estigmatizar y criminalizar al pueblo mapuche, anotó la abogada Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Respecto a las medidas del gobierno que han contribuido a disminuir la deuda mencionó la promulgación y publicación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Otro paso adelante fue la aprobación de la ley de identidad de género. Sin embargo, acotó Piquer, "dejar fuera a los niños trans, contribuye a que sigan sufriendo maltratos y humillaciones y, peor aún, en un escenario totalmente invisibilizado".

En el área ambiental, señaló que ser sede de la COP25 "no es en sí mismo un avance, menos tras haberse bajado del Tratado Escazú".

Otros temas que mantienen la deuda en derechos humanos es que las personas de la comunidad LGBTIQ siguen sufriendo ataques y la ley antidiscriminación sigue sin modificarse.

Además la desprotección en que se encuentran niños/as y jóvenes chilenos/as, quienes continúan sin tener acceso a una educación sexual integral (ESI) por parte del Estado, factor protector contra la violencia hacia la mujer y las personas de la comunidad LGBTIQ+, el abuso infantil, el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Amnistía Internacional lamentó también que Chile liderara una declaración junto a otros cuatro países cuestionando el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. "El sistema es un patrimonio a salvaguardar en las Américas, por lo que condicionar el actuar del mecanismo regional interamericano a intereses propios, poniendo en riesgo los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos es lamentable", declaró Piquer.

Junto con señalar que el gobierno puede avanzar en la protección e derechos en los tres años que le restan, planteó que para que los cambios se den "es necesario contar con una ciudadanía despierta y movilizada que sea capaz de pasarle la cuenta a las autoridades que están en deuda". 


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