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AMPLIARLos profesionales en Mar del Plata

Importante posicionamiento de abogados de causas por Crímenes de Lesa Humanidad

Se reunieron el pasado fin de semana en Mar del Plata en las VII Jornadas Nacionales. Emitieron un documento. Rechazan intentos de vaciamiento, desmantelamiento y/ desfinanciación de las agencias estatales relacionadas con lo que hasta el 2015 fue política de Estado. Sobre el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Detalles.

El colectivo nacional de abogados y abogadas en causas por crímenes de Lesa Humanidad, tiene el nombre Mario Bosch, reconocido profesional por su lucha en relación a los derechos humanos.

Luego de dos jornadas de análisis e intercambio de informaciones sobre las realidades provinciales en materia de juicios y políticas de derechos humanos, el Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas de Lesa Humanidad, distribuyó un documento en el que:

- Reafirma su voluntad y decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, en la historia reciente.

- Rechaza cualquier intento regresivo, de vaciamiento, desmantelamiento y/ desfinanciación de las agencias estatales relacionadas con lo que hasta el 2015 fue política de Estado en la Argentina.

- Expresa su más absoluto repudio a las políticas negacionistas del actual Gobierno Nacional y la pretensión de materializar, con la complacencia de jueces, juezas y funcionarios, funcionarias judiciales, la impunidad de los genocidas y sus cómplices.

- Advierte, con enorme preocupación, que buena parte del Poder Judicial se ha adaptado a esas prácticas políticas, disponiendo prisiones domiciliarias, faltas de mérito, sobreseimientos o absoluciones, sin fundamento alguno que lo justifique.

- En particular, en la jurisdicción de Mar del Plata, advierte la impunidad promovida desde la magistratura, el ministerio público fiscal y el poder político, en favor de

Pedro Federico Hooft y Fabián Uriel Fernández Garello.

- Denuncia que el gobierno de Macri y los grupos de poder concentrado, con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, manipulan a jueces, juezas, fiscales y fiscalas a su antojo, violando la independencia del poder judicial, avanzando sin pudor sobre todos los resortes del Estado, para asegurarse total impunidad, tras el arrasamiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.

- Denuncia también el espionaje ilegal impulsado desde el gobierno poniendo en jaque los cimientos mismos del Estado de Derecho. 

- Apoya las investigaciones que está llevando cabo el juez federal Alejo Ramos Padilla, que ha puesto al descubierto esas prácticas.

- Exige la libertad de todas las presas y presos políticos y la absolución de los luchadores y militantes populares, conciente de que con presas y presos políticosno hay Democracia.

- Insta a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura Nacional a la integración urgente de los tribunales lo que posibilitará el avance de todas las causas por crímenes contra la humanidad y a brindar un diagnostico, exhaustivo y sin más dilaciones, sobre el estado de situación de esos procesos judiciales. 

- Exige se declare el estado de emergencia judicial en las causas en las que se investigan delitos contra la humanidad, garantizando todos los procedimientos judiciales y administrativos que posibiliten que en los juicios por esos crímenes se cumpla con el principio de continuidad, celeridad y efectividad. Su retardo constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad y a la reparación.

- Insiste en la obligatoriedad del Estado de resguardar los sitios, espacios y lugares de memoria, garantizando todos los recursos que sean necesarios para dar cumplimiento a ese objetivo. Y se pronuncia contra todo intento de construir y mantener instalaciones penitenciarias en el ex Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga (Tucumán); demoler el sitio de memoria de la Unidad Carcelaria de Villa Devoto y llevar adelante cualquier proyecto que afecte la intangibilidad de Campo Mayo.

- Valora el procesamiento y la condena a responsables civiles de delitos de lesa umanidad cometidos por directivos de la empresa Ford. Nadie puede ignorar que el proceso de juzgamiento de esos graves delitos llevados a cabo en la Argentina, goza de reconocimiento universal y cuenta con una enorme legitimidad jurídica y social. Por ello no está dispuesto, como no lo está la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a tolerar ningún retroceso.

En otro párrafo del documento, el Colectivo Mario Bosch refiere a los desafíos del presente los cuales “se centran en los obstáculos que impiden materializar el juicio y castigo a todos los culpables, ralentizando y fragmentando los juicios en curso, y el oportuno y efectivo juzgamiento de todos los responsables del terrorismo de Estado”.

Asimismo denunció que “hoy, en tanto, recrudece la violencia estatal a niveles alarmantes y la política de demagogia punitiva con la que el Gobierno promueve el uso irracional de la fuerza, se intenta naturalizar prácticas represivas incompatibles con la democracia y la defensa de la vida. Una evidencia palmaria de ello, es la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y los asesinatos de Rafael Nahuel y Facundo Ferreira.

Como parte de esa política vinculada a la violencia estatal, el Colectivo de Abogados y Abogadas manifestó el más absoluto repudio, a “la iniciativa que impulsa la baja de la edad de punibilidad, como así también la denominada “doctrina Chocobar” incitada por el gobierno nacional y sus agentes” .

Por otro lado, el colectivo de abogados, advirtió los peligros provenientes del propio Ejecutivo Nacional al considerar que “promueve obscenamente el armado de causas judiciales, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal de ex funcionarios y funcionarias, referentes políticos, gremiales y sociales, al igual que de trabajadores y militantes populares, como así también a líderes y lideresas indígenas”. Tambien denuncia el documento de los abogados que hay un uso “abusivo de la prisión preventiva, se detiene a opositores y se hostiga y criminaliza a quienes se animan a cuestionar las políticas de exclusión y hambre que implementa Macri y sus socios. El poder político y los grupos concentrados avanzan escandalosamente sobre todas las instituciones poniendo en peligro la Democracia”.