El Gobierno quiere echar al juez Ramos Padilla

El gobierno decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como Carlos Stornelli, periodistas y dirigentes políticos. Al finalizar la tarde, el Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno de Mauricio Macri fundó la solicitud en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. El hecho principal que se le recrimina es la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. La decisión provocó un fuerte rechazo dirigentes políticos y abogados especialistas en derecho penal, que la caracterizaron como un “suicidio institucional”, un  acto de “autoencubrimiento” y un intento de “obstaculizar la investigación”. Fuentes del oficialismo en el Consejo adelantaron a PáginaI12 que el pedido de juicio político podría presentarse este mismo lunes. 

La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D’Alessio, quien se negó a declarar. También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D’Alessio para realizar tareas de espionaje. En los allanamientos y la investigación sobre D’Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto. El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D’Alessio le cuenta a Stornelli que “estaba con el amigo MM”. También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional.

En la nota dirigida por la cartera que conduce Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el Ejecutivo sostiene que el juez actúa con “intencionalidad”, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Le pide entonces al Consejo que determine si el juez incurrió en “incumplimiento de sus funciones”, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. “No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, manifestó la nota.

Asimismo, se señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Y concluye que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto.

Por otra parte, se remarcó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. “El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, finaliza la nota.

La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el abogado Andrés Gil Domínguez. “Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas del kirchnerisno y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así”, señaló Gil Domínguez.

Para Maximiliano Rusconi la decisión de Cambiemos “es un tremendo y global acto de autoencubrimiento”. “La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿o esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno”, completó el abogado.

En una línea similar, Elizabeth Gómez Alcorta advirtió sobre la voluntad del Gobierno de “obstaculizar una investigación” y la actitud de “defensa de los que intervienen en esta organización paraestatal” que está siendo investigada. En cuanto a la actitud del juez en el Congreso, Gómez Alcorta remarcó que “todo lo que fue manifestado por Ramos Padilla formaba parte de lo que ya estaba en las resoluciones que ya había dictado, en los distintos procesamientos, como en el pedido del llamado a indagatoria, resoluciones que se hicieron publicas, porque una vez que las partes toman conocimiento, las teníamos todos”. “No adelantó en ningún momento opinión”, ratificó. En último punto, la abogada consideró que hay “una doble vara”, ya que no hay pedidos de juicio político a Stornelli, “quien está absolutamente acreditado a esta altura su actuación irregular”. 

Pero además también una cantidad de funcionarios, la mayoría fiscales que se pasean en programas televisivos que son asiduos asistentes a TN y que en ese sentido nadie objeta que puedan dar a conocer o que puedan hablar sobre las investigaciones que tienen en curso. Si uno pone en tela de juicio todo esto justo, creo que lo que queda claro es que lo no quieren que el juez Ramos Padilla siga investigando o que se conozca, o que todos podamos conocer que es lo que está pasando, que es lo que hay en esa causa.

El trámite en el Consejo

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que deberá analizar la denuncia contra el juez está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. También la integran la diputada massista Graciela Camaño, el macrista Pablo Tonelli, la senadora radical Inés Brizuela y Doria, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea. De esos 9 miembros, se necesitan 6 para emitir dictamen a favor de la destitución, que luego debe ser evaluada por el pleno del Consejo. Si bien 3 responden obedientemente al Ejecutivo (Mahiques, Tonelli y Brizuela), fuentes del Consejo sostenían anoche que es poco probable que los jueces Lugones y Culotta, pese a que son cercanos al oficialismo, decidan avanzar contra un par. “Tiene que ser una acusación muy, muy fuerte”, revelaban anoche. Tampoco será fácil que Molea, cercano al peronismo, acompañe la embestida. Habrá que ver qué actitud adopta Más Vélez, de cuna radical, pero cuyo voto no alcanzaría para lograr avanzar con la destitución. 

De todas maneras, Ramos Padilla tiene que ir al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, ya que está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave. Es el que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si bien podría quedar primero en la terna que el consejo eleve al Ejecutivo, está más que claro que Macri no seleccionará el pliego de un juez al que pretende destituir