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AMPLIARMartín Vizcarra, a la derecha, habla al lado del primer ministro César Villanueva en el palacio de gobierno en Lima, Perú,

Perú: reponen en sus cargos a investigadores caso Odebrecht

El fiscal general de Perú repuso ayer en sus cargos a dos investigadores que indagan a la élite política implicada en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a quienes removió horas antes del Año Nuevo provocando manifestaciones y el rechazo del presidente Martín Vizcarra, que presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.

Detalles.

En un documento público, el fiscal general Pedro Chávarry resolvió “dejar sin efecto la resolución de la fiscalía de la nación del 31 de diciembre de 2018” por la que se había destituido a los investigadores. Su contramarcha se conoció en el mismo momento en que Vizcarra caminaba por las calles de Lima rumbo al Congreso donde entregó en la mesa de partes su iniciativa para recomponer el Ministerio Público.

En una muestra de su creciente popularidad, Vizcarra caminó rodeado de sus guardaespaldas y unas dos mil personas. Luego de salir del parlamento, el presidente dijo a periodistas que se alegraba de la restitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El primero es el coordinador del equipo del caso Odebrecht y el segundo investiga a la opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.

“Qué bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada”, dijo Vizcarra pero comentó que su proyecto que busca declarar en emergencia al Ministerio Público “ya ingresó” al Congreso.

Chávarry no asistió el miércoles al inicio del año judicial en Perú, un evento donde por tradición los fiscales generales suelen estar presentes por décadas. El retroceso de Chávarry logró neutralizar una impugnación que habían solicitado por la mañana los fiscales ahora repuestos. Así, el fiscal general también detuvo de forma momentánea una reunión de fiscales supremos que iban a deliberar la impugnación.

Chávarry parecía perder parte del apoyo de los partidos políticos de Keiko Fujimori y Alan García.

La lideresa opositora, quien está presa de forma preventiva por 36 meses debido al pedido del fiscal Pérez, dijo en su cuenta de Twitter que era necesario iniciar una “reforma integral” de la Fiscalía por lo que invocó a su partido a “apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia”. Jorge del Castillo, legislador del partido de García, dijo que la “renuncia” de Chávarry “ayudaría a impedir confrontaciones” inconvenientes para el país. El presidente de la Corte Suprema, José Lecaros, le pidió que “deponiendo sus intereses personales”, solucione los problemas internos de la fiscalía.

El fiscal general asumió en julio en medio de fuertes cuestionamientos por no haber alcanzado el puntaje mínimo para acceder al máximo puesto del Ministerio Público. Pese a tener tres acusaciones constitucionales en el parlamento que podrían haberlo destituido, es protegido por el partido de Fujimori, que dirige una subcomisión que decide el avance de las acusaciones.

En un caso inédito, una fiscal del principal puerto peruano lo ha incluido en un informe como integrante de un grupo criminal conformado por magistrados. Se difundió un audio de una conversación de Chávarry donde planificaba la salida de un funcionario incómodo a su gestión junto al entonces juez supremo César Hinostroza, ahora preso en Madrid, a donde se fugó luego de ser acusado de dirigir la red criminal de funcionarios judiciales que usaban su poder para torcer la justicia a cambio de dinero o de otros favores.

El cruce de palabras entre Vizcarra y Chávarry fue frecuente. El sábado el presidente afirmó que la fiscalía bajo la dirección de Chávarry era una institución que “no tiene la solidez que se requiere para trabajar contra la corrupción” y poco antes comentó en un programa televisivo que el fiscal general no era “la persona más idónea” para dirigir esa entidad.

El rechazo a Chávarry se disparó el lunes, cuatro horas antes del Año Nuevo, cuando anunció en una inusual conferencia de prensa la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El único motivo para la salida de ambos funcionarios, según Chávarry, fue que Pérez cuestionó en octubre su elección como fiscal general y que Vela avaló el cuestionamiento.

La destitución provocó que Vizcarra retornara de urgencia de Brasil, a donde había viajado para asistir a la juramentación del presidente de ese país --Jair Bolsonaro--, y cancelara una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Los dos fiscales que habían sido destituidos afirmaron que iban a desobedecer a Chávarry y que no iban a entregar los documentos de sus investigaciones.

La investigación del equipo especial de fiscales peruanos abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú. Los casos más importantes son las investigaciones contra Keiko Fujimori y contra el expresidente Alan García, quien tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras es investigado.

Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que García está investigado por recibir 100.000 dólares de un fondo monetario usado para pagar coimas. García incluso trató de eludir la justicia al solicitar un fallido asilo en la embajada de Uruguay.

La destitución de los fiscales ha puesto en peligro el acuerdo firmado por los investigadores con Odebrecht en diciembre. Los fiscales iban a recibir todo tipo de información de los sistemas informáticos encriptados llamados “MyWebDay” y “Drousys” que Odebrecht usaba para proteger sus sobornos. La constructora también se había comprometido en pagar 181 millones de dólares en 15 años como reparación.

Pese a las fiestas de Año Nuevo, la fugaz destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht generó protestas por dos días consecutivos en varias ciudades de Perú, así como preocupación de los fiscales que investigan la corrupción de Odebrecht en Brasil, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la organización Transparencia Internacional.

Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.