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21/12/2018 - Prácticas represivas

Organismos de Derechos Humanos rechazaron el "Protocolo Maley"

Esta semana, el Poder Ejecutivo (PE) elevó a la Legislatura un proyecto para establecer los parámetros y las condiciones para el uso de armas en la Policía de Tucumán. Sucedió luego de que la provincia anunciará que no adheriría a la norma nacional, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich.

Esta semana, el Poder Ejecutivo (PE) elevó a la Legislatura un proyecto para establecer los parámetros y las condiciones para el uso de armas en la Policía de Tucumán. Sucedió luego de que la provincia anunciará que no adheriría a la norma nacional, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich.

Este protocolo, firmado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, sería tratado en la sesión legislativa de este viernes, donde el oficialismo contaría con los votos para darle fuerza de ley.

Además, en el orden del día figuran otros dos proyectos de ley vinculados con la seguridad en Tucumán, como el de adquisición de equipamientos para la Policía de Tucumán, y una iniciativa que propone la creación de la Policía Municipal, dependiente de los diferentes municipios que ya poseen vigías ciudadanos.

Los Organismos de Derechos Humanos de Tucumán, Organizaciones Políticas, Sociales, de trabajadores y estudiantiles, y militantes de diversos Colectivos, repudiaron el proyecto que proveería y autorizaría el uso de armas eléctricas a la policía de Tucumán.

En el comunicado, argumentan que estas armas fueron rechazadas por la justicia argentina en oportunidad de debatirse su inclusión en el armamento de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2010. En dicha ocasión la justicia fallo en contra de tal medida en primera y segunda instancia expresando que “la contratación de armas Taser para la ciudad, causaba una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales” y que “en nada impedía a la Metropolitana el ejercicio de sus funciones de seguridad, ya que se utilizaban actualmente otro tipo de armas no letales”.

También advirtieron sobre las declaraciones de “que el uso de esta clase de armas nos remonta sin escalas a la dictadura y a sus prácticas de tortura y que esta no es la respuesta a los problemas de seguridad, esta es una forma de legalizar la tortura”.

En ese momento también cuestionamos las declaraciones del entonces Ministro de Seguridad, Hoffer, quien dijo que las pistolas eléctricas “tienen muy buenos resultados para casos de concentraciones masivas”. Este antecedente constituye una advertencia que no podemos ignorar, pues efectivamente uno de los usos que podría dársele a tales armas, es contra aquellas personas que participen en concentraciones masivas, coartando el derecho de protesta, la que hoy constituye parte del escenario diario en nuestra provincia, debido al estado de crisis que atraviesa el país.

Desde las organizaciones descartaron que este tipo de medidas sea una solución al problema de la inseguridad.  “La seguridad se construye con políticas públicas de atención a las necesidades básicas de las personas, y con prevención del delito, porque si no es así, seguiremos lamentando la muerte de más personas. Utilizar la mano dura como política de seguridad, es solo una pantalla, para generar miedo y desarrollar una mirada individualista del “sálvese quien pueda”, algo que rechazamos como forma de vida en nuestra provincia”, argumentaron.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran H.I.J.O.S. TUCUMÁN, FUNDACION MEMORIAS E IDENTIDADES DE TUCUMAN, ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO TUCUMAN, Liga; Argentina por los Derechos del Hombre filial Tucumán, CDH TAFI VIEJO, APDH; Tucumán, ANDHES, Frente Popular Dario Santillan, Colectivo Ni una Menos, SITRAJU; Tucumán, La 49 Tucumán, Causa Nacional Tucumán, Corriente Nacional Martín; Fierro, Agrupación Peronismo Auténtico, MST Juntas y a la izquierda, Mujeres X; Mujeres, Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional, y Cta de lxs trabajadorxs.