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Otro revés judicial para Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Argentina confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva dictado contra la expresidenta, Cristina Kirchner, en la causa que analiza presuntos pagos ilegales a empresas para hacerse de obra pública.

Dichos pagos, al parecer, se habrían plasmado al amparo del ministerio de Planificación, entre 2003 y 2015.

    La sentencia reaviva los reclamos de un pedido de desafuero de la exmandataria como senadora, un planteo iniciado en septiembre pasado por el juez Claudio Bonadio, que encabeza la llamada "causa de los cuadernos", los cuales, sin embargo, nunca fueron encontrados. A la exmandataria la Cámara también le trabó un embargo por 1.500 millones de pesos. Este jueves, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal confirmaron los procesamientos de Kirchner, así como del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el del ex funcionario, Roberto Baratta.

    En todos estos casos, la figura jurídica es la de líderes de una asociación ilícita por el supuesto pago de coimas a empresarios en la adjudicación de obra pública. En cambio, a varios empresarios que aparecieron en las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, un exchofer de Baratta, se les dictó la falta de mérito como miembros de la "asociación ilícita", y fueron acusados por "cohecho".

    Entre los empresarios se encuentra, entre otros, Ángelo Calcaterra, el primo del presidente argentino, Mauricio Macri.

    No es el único caso que Cristina, como la conocen todos en su país, enfrenta en la justicia. A principios de octubre, el juez Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral a la exmandataria por "lavado de dinero" y cobro de sobornos en el marco de otra causa por "asociación ilícita". Se trata de la causa conocida como "Los Sauces", el nombre de la inmobiliaria de Kirchner en la Patagonia, sur del país, y que tuvo como principales clientes a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Baéz. López y Báez fueron proveedores de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). También a la expresidenta se la acusa de presunta complicidad con los autores del atentado a la mutual judía AMIA de 1994 que causó 85 muertos. Sin embargo, Cristina es la dirigente opositora con mayor intención de voto según distintas encuestas, a menos de un año de las elecciones presidenciales. La exjefa de Estado, con gran popularidad entre los sectores humildes y de parte de la clase media del país, acusa tanto a Macri como a los jueces "cómplices" de realizar una "persecución" en su contra. Según Kirchner, existe una "estrategia regional para proscribir a dirigentes que permitieron salir de la pobreza a millones de personas" en América Latina, como ella y los exmandatarios Luiz Lula da Silva, en Brasil, así como Rafael Correa, en Ecuador.