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AMPLIARPolicía Federal

¿El gatillo fácil como política de Estado?

Andhes repudia la demagógica e irresponsable Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación que habilita el uso discrecional de armas de fuego por parte de miembros de fuerzas federales de seguridad.

Desde la organización de DDHH consideraron que esta Resolución “busca profundizar los hechos de violencia, construyendo enemigos internos y estigmatizando a sectores que son los principales olvidados por el Estado”.

“No es posible legalizar el gatillo fácil. Repetir que se lo legalizó ayudaría a construir el efecto de verdad que busca el Estado Nacional. Lo que intenta es consolidar discursivamente un aval político al modelo policial desprofesionalizado y que usa brutalmente la fuerza en contraposición de los derechos, y de la integridad física, de las personas”, comentaron desde andhes.  

Por su parte, Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y DDHH expresó que “el Estado no puede seguir legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las diferentes conflictividades sociales. El Estado deja de lado todo tipo de acción destinada a garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general”.

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, debe ser planeado, limitado proporcionalmente, y sólo podría hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y fracasado todos los demás medios de control.

Finalmente, desde andhes remarcaron que “más allá de la escasa fuerza normativa de la resolución modificada por el Gobierno Nacional lo peligroso es la decisión de intentar emplear las armas de fuego como principal herramienta en la intervención policial ante situaciones de conflicto, dejando de lado criterios rectores en la materia como ser la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad que establece el derecho internacional de los derechos humanos para el uso de la fuerza”.