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09/11/2018 - Leyes de naturaleza medieval

Un grupo de legisladores impulsan un proyecto en contra de las mujeres tucumanas.

Desde El YunKe expresamos nuestro más enérgico repudio y preocupación frente al burdo intento de violar la normativa penal y constitucional vigente en relación al derecho a la interrupción legal del embarazo, por parte de un grupo de legisladores/as de la Provincia de Tucumán.

La propuesta que pretende negar el derecho a acceder a un aborto a todas las personas gestantes, incluso a aquellas que fueren víctimas de una violación, es flagrantemente ilegal, y como tal debe ser analizada, de modo de entender cabalmente qué es lo que se persigue con su presentación. 

Esto es así ya que en el hipotético e improbable caso de ser sancionado, el mismo sería declarado inconstitucional inmediatamente, en tanto es contrario a lo normado en nuestro código penal desde el año 1921. Cabe recordar que la normativa penal,  goza de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, la sanción de este absurdo haría incurrir a la provincia en la consumación del delito de sedición. El artículo 75 inciso 12 de la Constitución establece que el Congreso de la Nación dicta los códigos de fondo -entre ellos el Código Penal-.  Por su parte, el artículo 126 de la CN les prohíbe expresamente a las provincias dictar normas de fondo.  

El artículo 86 del Código Penal actual, vigente desde 1921, prevé supuestos de interrupción legal del embarazo, que no pueden ser desconocidos por las jurisdicciones locales, y mucho menos por el Poder Legislativo. El fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordó con claridad los casos de abortos no punibles, que en ningún caso pueden ser obstaculizados.

Este marco normativo nacional va en consonancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la interpretación de los organismos de aplicación de los mismos. Específicamente  Unicef  interpela a los Estados a promover políticas públicas que defiendan de todo tipo de violencia a niñas y adolescentes. Al Estado le cabe la responsabilidad de velar por el acceso a la salud y a los derechos de todas las personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo en los casos permitidos por el Codigo Penal, así como velar por la protección del derecho a la vida de las personas que se encuentren cursando un aborto.

Pero como señalamos al principio, no se trata de un problema legal, sino de un mensaje patriarcal, estigmatizador y criminalizador por parte de un grupo de legisladores/as. Mensaje que se inscribe dentro de un paradigma negador de derechos que rige en nuestra provincia. 

Tucumán tiene una deuda muy grande en materia de acceso a la  salud de las mujeres. Actualmente es la única provincia que no adhirió a la ley de salud sexual y reproducción responsable. Además de no contar con acciones para efectivizar la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. 

Es necesario que como sociedad nos hagamos escuchar, de modo que quienes nos representan en la legislatura local actúen de acuerdo al mandato que les dimos. No podemos tolerar que legitimen y promuevan la violencia institucional hacia las mujeres y la la configuración de un estado femicida. Porque es el Estado y sus representantes quienes debe velar por la vida y a salud de las personas gestantes, no condenarlas a la muerte por negarles el acceso a condiciones de aborto seguro.


Identificación de Personas Desaparecidas

Si tenés un familiar victima de desaparición forzada y aun no diste tu muestra de sangre lo podés hacer ahora y ayuda a identificarlo.La toma de muestras son gratuitas, hechas por el Equipo Argentino de Antropología Forense dentro de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Llama e 0800-333-2334, de lSec. DDHH Tuc. –Juzgados Federales 1 y 2 Tucumán.



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