AMPLIARLa Haya

25/10/2018 - Bolivia

Aseguran que nada impide que Bolivia y Chile dialoguen sobre un acceso al mar

El presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Abdulqawi Yusuf, ratificó el jueves ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (NNUU) que a pesar del fallo que dictó el 1 de octubre cuando eximió a Chile de la obligación de negociar con Bolivia un acceso al mar, nada impide que estos países dialoguen sobre ese pendiente.

   "Quiero subrayar este hecho, que su conclusión (la conclusión de la CIJ) no debía entenderse como algo que impidiera a las partes continuar con su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buenos vecinos para tratar las cuestiones relativas a la falta de acceso al mar de Bolivia, cuya solución debía considerarse por ambas partes como algo que era de interés mutuo", dijo en su informe ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    El 1 de octubre, la CIJ estableció que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, pero invocó a sus autoridades a mantener el diálogo, para encontrar una solución a esa controversia.

    Tras ese fallo, el 2 de octubre, el Gobierno de Chile fijó al menos una "triada" de condiciones para retomar el diálogo con Bolivia y buscar una solución a los temas pendientes entre ambas naciones del cono sur.

     Consideró que Bolivia debe cumplir esa "triada" si le interesa su "prestigio" e "imagen" en el ámbito internacional, ya que la demanda marítima boliviana fue socializada en todo el mundo.

    Sin embargo, el presidente boliviano Evo Morales consideró que la invocación a "diálogos condicionados" "es para no resolver" temas pendientes y recordó que Bolivia acudió a la CIJ porque a lo largo de la historia se registraron "tantos ofrecimientos no cumplidos, acuerdos inclusive no ejecutados" por parte de Chile.

    Morales dijo que si bien la CIJ con su fallo no acompaña a la solución de los temas pendientes con Chile "el diálogo está abierto", recomendación que debe ser acatada por el país transandino.