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11/10/2018 - Casos

Javier Iguacel fue imputado por el nuevo tarifazo en el gas

El secretario de Energía deberá responder judicialmente por su decisión de que los usuarios se hicieran cargo de compensar a las empresas por la devaluación. Se le imputan los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

Aunque el Gobierno dio marcha atrás con el nuevo tarifazo en el gas, los problemas del secretario de Energía, Javier Iguacel, en la Justicia siguen en pie: el funcionario fue imputado hoy por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por su decisión de que los usuarios se hicieran cargo de compensar a las empresas por la devaluación. La decisión la tomó la fiscal Paloma Ochoa, que agregó la imputación por fraude en perjuicio de la administración pública, a partir de la denuncia radicada el lunes por su colega Guillermo Marijuan, quien había asegurado que la decisión del secretario de Energía significaba un perjuicio al patrimonio de los consumidores. 

Ochoa elevó la imputación a la jueza María Servini de Cubría y también solicitó que se avance de forma "urgente" con una medida cautelar para frenar la resolución 20/2018 durante 60 días, a pesar de que el Gobierno decidió dar marcha atrás con la decisión de cargar una compensación de 10 mil millones de pesos para las empresas de gas en los usuarios y asumirá el pago con fondos estatales en 30 cuotas. 

En su dictamen, Ochoa explicó que, a primera vista, "la finalidad perseguida por dicho acto administrativo pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina".

"La utilización del poder público a tales fines, excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico-penalmente relevante, de mínima y como ya se señalara, a la luz de lo normado por el artículo 248 y eventualmente el artículo 174 inciso 5 del Código Penal", sostuvo.

La compensación acordada por las empresas productoras con las distribuidoras, con el aval de Iguacel, debería comenzar a pagarse en 24 cuotas desde enero próximo, algo que la cautelar solicitada por Marijuan dejaba en suspenso y que la jueza Servini de Cubría podría haber activado a el martes pasado, 24 horas después de la presentación espontánea del fiscal.

Sin embargo, desde el viernes pasado, cuando se conoció la resolución, hasta ayer, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, concurrió al Congreso para informar a los jefes de bloque de ambas Cámaras que el Poder Ejecutivo daría marcha atrás y cubriría las ganancias de las empresas con fondos públicos, las críticas contra la medida se acumularon desde organizaciones de usuarios a defensores del pueblo hasta amparos de partidos políticos e intendentes. 

"Los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene es la cancelación total. No se puede de modo alguno quitarle ese entidad jurídica que tiene el acto de pago", había advertido el lunes pasado Marijuan, al confirmar la denuncia penal contra Iguacel que ahora Servini de Cubría deberá decidir si sigue adelante. 

Marijuan había contemplado que la denuncia enmarcada en el artículo 248 del Código Penal podía ser materia de discusión si la jueza Servini de Cubría abría el expediente, pero defendió la imputación al indicar que el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público son figuras para perseguir "resoluciones contrarias a la ley y el pago de las tarifas es un hecho jurídico establecido por el Código Civil". 


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