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AMPLIAREl reclamo se hizo sentir con dureza la protesta

Mapa de abusos sexuales en Iglesia chilena

La Fiscalía Nacional dio a conocer un cronograma de los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica chilena durante los últimos 20 años, lo que arrojó la conmovedora cifra de 229 clérigos indagados, entre ellos ocho obispos.

Detalles.

Los allanamientos a dependencias eclesiales en Santiago, Rancagua, obispado castrense y otras diócesis, permitieron al riguroso fiscal Emiliano Arias abrir de manera inédita 70 investigaciones de oficio en los últimos tres meses. La recopilación de la Fiscalía, reveló hoy el diario La Tercera, dejó al descubierto un listado de 229 personas que han tenido calidad de imputadas en estos casos. De ellos, 18 fallecieron y otros 115 tuvieron algún término judicial, como suspensión condicional, condena o archivo. Aunque de estas últimas hay varias que se reactivaron con la arremetida del fiscal Arias, quien decidió reabrir casos antiguos, totalizando 272 vigentes en todo Chile.

El informe detalla que el cura de mayor edad investigado tiene 90 años. Se trata del presbítero Enrique Leiva, de Talca.

El más joven es un laico de Arica, que está en la cárcel luego de ser condenado a 10 años por tres abusos sexuales contra menores. Hay nueve mujeres que tienen o tuvieron calidad de imputadas y 210 hombres; 152 chilenos, ocho españoles, tres italianos, tres colombianos, dos irlandeses, un boliviano, un peruano, un filipino y un coreano.

El sacerdote con más denuncias, según la Fiscalía, es el sacerdote Juan Carlos Delgado, de 53 años, del que poco se conoce, salvo por las seis acusaciones acumuladas.

Ha estado en cuatro regiones del país (Coquimbo, Santiago, Puerto Varas y Los Ríos) y sus seis víctimas son menores de edad, ocho, siete, nueve y una pequeña en Paillaco. Sin embargo, donde Delgado selló su patrón como abusador fue en Pudahuel. Uno de los denunciantes de 8 años permitió que fuera condenado a cuatro años de cárcel, y antes había sido sentenciado a 600 días de presidio. Después de él, viene Isabel Margarita Lagos, más conocida como "sor Paula", quien por 28 años fue madre superiora de las Ursulinas, pero en 2010 se inició una investigación canónica en su contra por abuso de poder y una causa judicial, luego de recibir tres denuncias de abusos sexuales. "Sor Paula" fue removida de su cargo, permaneció recluida en Alemania y murió en Chile, en 2012.

El religioso con mayor número de víctimas es el exhermano marista, Abel Pérez, denunciado por 16 exalumnos de los colegios de la Congregación. De origen español, actualmente de 71 años, llegó a Chile en 1966, con apenas 19 años, y en 1974 comenzó a ejercer como profesor. Estuvo en contacto con alumnos hasta el 2010, cuando a raíz del escándalo por las denuncias contra Fernando Karadima, confesó los abusos cometidos durante décadas. El historial muestra que fue trasladado 15 veces de un lugar a otro.

Uno de los voceros de las víctimas del caso Maristas, Gonzalo Dezerega, ha pedido que seis hermanos sean expulsados de la orden, al igual como lo fue Abel Pérez, en junio pasado.

La fiscalía indaga al menos a 13 hermanos maristas por abusos sexuales cometidos a lo a largo de varias décadas y ya suman 30 las víctimas que se han acercado al Ministerio Público.

Las denuncias no sólo afectan a miembros maristas, sino que las víctimas, de entre 6 y 12 años al momento de los abusos, relatan que, en ocasiones, eran retirados de sus clases por los hermanos y llevados "al túnel", un subterráneo del Alonso de Ercilla, donde los esperaban otros sacerdotes.

Entre ellos se encontraban las emblemáticas figuras de la Iglesia, el sacerdote y exvicario de la Solidaridad Cristián Precht y el presbítero fallecido Miguel Ortega, exvicario de la Pastoral Juvenil en los años 70-80.

El sábado 15, el Vaticano expulsó del sacerdocio a Precht, decisión que es inapelable.

El registro da cuenta también de 35 causas archivadas en 20 años,, 22 sentencias condenatorias y mismo número en que la fiscalía se declaró incompetente, porque los hechos pertenecen al sistema antiguo, como sucedió en la causa criminal contra el sacerdote Fernando Karadima, que fue indagado por una ministra de la Corte de Santiago.

El principal objetivo del fiscal Arias es saber por qué durante tantos años la información en manos de la Iglesia no llegó a la justicia ordinaria. Por ello levantó la tesis de los encubridores.