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El expresidente boliviano Carlos Mesa, en La Paz
Camara fotoAMPLIAREl expresidente boliviano Carlos Mesa, en La Paz
11/07/2018 - Caso Quiborax

Acusan de cinismo a ex presidente Mesa por querer desligarse de corrupción

El ministro de Minería, César Navarro, dijo ayer que el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) tiene un "cinismo dramático" para lavarse las manos en el caso Quiborax, que le causó al Estado una pérdida de 42,6 millones de dólares por el pago de una indemnización.

Detalles.

A su juicio, Carlos Mesa se presenta como un "actor de teatro" y busca armar polémica a través de los medios de comunicación.

"Carlos mesa tiene un cinismo dramático y espectacular y con ese cinismo se presenta como un actor de teatro a través de los medios generando polémica solo sobre mentiras y sobre irresponsabilidades que él nunca cumplió", afirmó en un contacto con los periodistas.

Navarro recordó que el incumplimiento de un decreto supremo, que promulgó el propio Carlos Mesa, derivó en el juicio que impetró Quiborax contra el Estado boliviano.

El Ministro de Minería dijo que Mesa busca acusar a terceros de manera "irresponsable" a través de recortes de periódicos y decide no responder las 20 preguntas que le hizo la Fiscalía sobre el caso Quiborax, lo que evidencia su culpabilidad en el proceso.

"Carlos Mesa no respondió las 20 preguntas que le hizo la Fiscalía sobre el caso Quiborax, se adhirió al derecho al silencio y lo que hizo es salir a acusar con recortes de periódicos y eso es un acto completamente irresponsable", subrayó.

El fiscal general Ramiro Guerrero requirió el lunes al Tribunal Supremo de Justicia que abra un juicio al exgobernante de 64 años, argumentando que durante su mandato (2003-2005) quitó las concesiones mineras a la empresa chilena Quiborax en el Salar de Uyuni, lo que ocasionó un daño al país.

Quiborax demandó a Bolivia en 2006 ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Este falló a favor de la empresa, que finalmente cobró hace un mes 42,6 millones de dólares de indemnización.

Según el gobierno de Morales y la Fiscalía, el decreto de Mesa tenía fallas que favorecieron a la compañía chilena e imposibilitaron la defensa boliviana ante el CIADI.


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