AMPLIARPañuelo verde

10/07/2018 - Por Estela Romina Paz Rojas

Tucumán, cuna de las maternidades forzadas

La espera por la celebración publica alusiva a la Declaración de la Independencia se vio opacada por la ola de ataques a las leyes y activistas por los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y gestantes, conquistadas desde 1921, en el seno de una sociedad que por ese entonces desconocía la participación de las mujeres en los ámbitos de representación política.

 Hoy con la reciente ley de paridad de género en el ámbito de representación política y la revuelta toma de las calles por una ola verde de mujeres con sus pañuelos, al canto de “Ni una Menos, Vivas nos queremos”, hubo un sacudon en las raíces fundamentalistas del Estado patriarcal. Con exponentes que se mostraron prontos a buscar un retroceso en las conquistas sobre la autonomía de nuestros cuerpos.

Como integrante activa de la sociedad civil  que trabajamos recomendaciones, estrategias y acciones que promuevan la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, me gustaria escuchar pronunciamientos frente a las violencias en todo el país, luego de la victoria del colectivo de mujeres con la media sanción en Diputados y el inicio del tratamiento en el Senado de la Nación de la Propuesta de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Me refiero puntualmente a lo acontecido en Tucumán, en donde se vuelve a desconocer los derechos sexuales y reproductivos. Y lo hacen sectores reaccionarios, quienes nada proponen como solución ante la problemática de salud publica que representan los abortos clandestinos y la maternidades forzadas a menores en Argentina, en cambio dificultan que sean protegidas y garantizadas prácticas no punibles.

Hechos obscenos perpetrados por profesionales a cargo de la salud en instituciones publicas, que utilizando redes sociales para revictimizar, violentar y criminalizar las decisiones y los cuerpos de mujeres. A las cuales el Estado siguen sin garantizarles protección frente a los embazados no deseados. Incurriendo en faltas eticas y profesionales, imponiendo sus objeciones de conciencia hasta en los casos de niñas que solicitan el protocolo para abortos no punibles.

A partir de la media sanción en Diputados del Proyecto de Ley IVE, los cuerpos gestantes y el activismo de las identidades feminizadas, están sufrido un aumento en las expresiones de violencias, colmando los grupos de trabajo, establecimientos educativos, de salud, los medios de comunicación, las redes sociales y hasta los espacios de representación política.

En San Miguel de Tucumán, el Miércoles 4 de julio un grupo de profesionales y efectores de la salud utilizaron la objeción de conciencia para tratar de impedir que se realizará el Protocolo ILE a una niña de 12 años que solicitó el mismo bajo la causal de abuso con acceso carnal en el Hospital Avellaneda. Llegaron a denunciar al equipo de profesionales médicos que intervino, intentaron impedir que se cumpla con la solicitud de una niña de acceder a un aborto no punible, con el objetivo de imponer una maternidad forzada. Incurriendo en la falta de ética profesional, al punto de difundir los datos de la niña, su familia y de la doctora que realizo la práctica. 

Tucumán continúa siendo la única provincia que se mantiene sin adherir a la ley nacional 25.763 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Siendo la provincia que delega en los Directivos de los establecimientos públicos y privados el contenido que se brinda a los “educandos” en su “derecho a recibir educación sexual integral” como establece la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150.-

Somos testigos de un momento histórico, en el cual confluyen luchas de los colectivos de identidades feminizadas, de organizaciones de la Sociedad Civil, de efectores estatales, de estudiantes que le dicen basta a la escalada de violencia que sufren quienes visibilizan una posición a favor de la interrupción legal del embarazo. “No es un caso aislado, se llama patriarcado” y está buscando reafirmar sus privilegios. Procurando perpetuar el control sobre las mujeres, sus cuerpos, su capacidad de gestar y las maternidades. Otro intento del status quo para evadir la emergencia en salud publica y violencias de género que sufren las niñas, adolescentes, mujeres y gestantes de toda la República Argentina.

¿Cuál será la postura del Estado provincial? ¿Dejará que la práctica de abortos inseguros, por obstruir hasta los no punibles, lo señalen como femicida por arrojar a la clandestinidad a las mujeres, niñas y adolescentes que ya decidieron interrumpir embarazos no deseados? Garantizar la Interrupción Legal del Embarazo es el camino. Es hora que lo entiendan.

*Estela Romina Paz Rojas es Acompañante Terapéutica. Activista Feminista. Integra la Biblioteca Popular Crisálida de Género, Diversidad Afectiva Sexual y Derechos Humanos. Es Consejera Consultiva AdHonorem del INAM por Tucumán