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AMPLIARPolicía en allanamiento

La Tupac denunció un allanamiento irregular en Jujuy

La Policía de Jujuy allanó anoche la sede de la Tupac Amaru por orden del juez Pablo Pullen Llermanos.

Las autoridades de la organización social que se encontraban presentes en el momento denunciaron que el operativo se hizo sin notificación y sin permitir el ingreso a los abogados, por lo que el accionar policial no contó con testigos. “Exigimos el cese al hostigamiento y la persecución política”, sostuvieron desde la Tupac.

Según aclararon miembros de la organización, hasta ahora el Poder Judicial no les brindó información sobre los resultados del allanamiento ni se permitieron ingresos o permanencias en la sede. La policía montó una guardia permanente en la puerta del lugar que estuvo en vigilia durante la noche y continúa en lo que va del día. “Entendemos que se trata de una intervención de hecho”, denunciaron desde la Tupac Amaru en un comunicado.

“Estos hechos son una búsqueda de perseguir la actividad política de la Tupac Amaru, principal organización opositora al gobierno provincial, lo que demuestra una vez más la política sistemática de acallar las voces disidentes y evidencia que el pensamiento único es la verdadera ideología del radicalismo jujeño”, sostuvieron los integrantes de la organización y convocaron a una conferencia de prensa para esta tarde en la sede de Capital Federal, en San José y México.

La nueva acción judicial se enmarca en la persecución y hostigamiento dirigido por el gobierno de Morales contra la referente de la Tupac Milagro Sala, presa de manera arbitraria desde enero de 2016. En agosto del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que “las condiciones de detención de Milagro Sala constituían una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad” y le exigió al Estado argentino, mediante una medida cautelar, que adopte medidas alternativas a la prisión, sobre todo teniendo en cuenta la “excepcionalidad de la detención preventiva”.

Hacia fin de año, la Comisión consideró incumplido lo exigido en la medida cautelar y pidió la intervención de la Corte Interamericana. Tras el repudio internacional, el Gobierno le otorgó a Sala la prisión domiciliaria pero lo hizo en una casa que no era la suya y con un régimen de excepción con custodia y presencia policial.