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AMPLIARIndígenas brasileños protestan contra una nueva ley de tierras en Brasilia

Indígenas en Brasil protestan por ley sobre tierras

Unos 2.000 indígenas brasileños protestaron ayer en la capital contra una ley que consideran una agresión sin precedente a sus derechos y sus tierras.

Detalles.

Los grupos indígenas brasileños acostumbran llevar sus denuncias a las instancias oficiales cada abril, pero sus líderes dijeron que la situación se ha agravado desde que el presidente Michel Temer llegó al gobierno en 2016 y comenzó a instituir lo que dicen es el retroceso sistemático de las protecciones y derechos indígenas.

En el “Campamento Tierra Libre”, que este año durará una semana, los grupos indígenas han enfocado su molestia en una ordenanza adoptada en julio bajo la cual las autoridades solo pueden designar tierras como pertenecientes a indígenas si estaban ocupadas en 1988, el año en que se adoptó la Constitución nacional.

Los grupos indígenas alegan que la norma hace caso omiso de los desplazamientos forzados en Brasil, los cuales fueron especialmente brutales durante la dictadura de 1964 a 1985.

De acuerdo con activistas, la norma hará casi imposible que se reconozcan nuevas tierras como pertenecientes a los indígenas, e incluso podría usarse para arrebatarles tierras que ya se les habían adjudicado. Eso podría dejar las tierras vulnerables a la tala y otros intereses comerciales, todo lo cual podría tener graves implicaciones para el medio ambiente.

“Existen muchas amenazas: órdenes, decretos, todo tipo de documentos de que quieren reducir nuestra tierra, que no quieren reconocer nuestra tierra”, dijo Megaron Txucarramae, miembro de la tribu kayapo que participó en las protestas del jueves.

En la manifestación había entre 1.500 y 2.000 indígenas, muchos de ellos con penachos, vestimentas tradicionales o el rostro pintado. Algunos grupos danzaban por las calles mientras cantaban al ritmo de tambores y maracas. Frente al Ministerio de Justicia, algunas personas se acostaron sobre una bandera brasileña y una pancarta con la leyenda: “Fin al genocidio indígena”. Otras dibujaron una línea roja en uno de los carriles de una importante avenida, para representar lo que llamaron el “sendero de sangre” y la violencia contra los pueblos indígenas.

“Nunca, en los últimos 30 años, el Estado brasileño optó por una relación tan completamente adversa a los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó la Coalición de Pueblos Indígenas de Brasil en un comunicado emitido a principios de la semana.

El cambio de norma fue respaldado por la llamada “bancada rural”, un grupo de legisladores que representan los intereses de propietarios de tierras, los cuales han sido aliados de Temer en el poder legislativo. El grupo suele abogar por que se abran más tierras a la actividad económica, y alega que es la única forma de llevar desarrollo y empleo a zonas remotas de Brasil.

El mes pasado, la fiscalía solicitó la anulación de la norma, bajo el argumento de que violó los derechos garantizados en la Constitución.

La oficina de Temer refirió todas las preguntas al Ministerio de Justicia, responsable de la designación de tierras. La dependencia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Constitución brasileña de 1988 ordenaba la demarcación oficial de todas las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas en un periodo no mayor a cinco años, pero ese proceso continúa hasta ahora debido a su complejidad y a sus repercusiones políticas. Temer aún no aprueba nuevos repartos de tierra, de acuerdo al Instituto Socioambiental.

“Cuando llega la sociedad, cuando los factores económicos llegan a nuestras tierras, es para explotarlas, para llevarse todo”, dijo Valeria Paye, coordinadora de una coalición de grupos indígenas. En tanto, los grupos indígenas “las preservan de manera benéfica no solo para los pueblos indígenas, esto tiene un beneficio para la sociedad brasileña, para la sociedad global”.

Brasil intenta reducir la deforestación y cumplir sus obligaciones del acuerdo climático de París, en un contexto de recrudecimiento de los conflictos por tierras, a menudo entre las empresas y los pueblos indígenas.

El año pasado se registró la muerte de 70 personas en ese tipo de conflictos, la cifra más alta desde 2003, según la Comisión Pastoral de la Tierra. En tanto, la tasa de deforestación en el Amazonas se redujo el año pasado luego de dos años consecutivos de incrementos.