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Indígenas desplazados
Camara fotoAMPLIARIndígenas desplazados
14/12/2017 - México

A la intemperie, jugados a su suerte

- La crisis provocada por más de 5.000 indígenas obligados a desplazarse de sus comunidades bajo amenazas de muerte, en Chiapas, y afincados ahora a la intemperie, entre una zona selvática y montañosa en el sur de México, amenaza con empeorar.

 El Tribunal Unitario Agrario emitió ayer un veredicto según el cual más de 300 hectáreas en disputa entre Chalchihuitán y Chenalhó desde hace más de dos décadas pertenecen al segundo municipio, pero los dirigentes del primero rechazaron este fallo.

    El gobierno del Estado señaló que representantes de ambas partes "ratificaron un convenio de paz y solución definitiva al conflicto social-agrario" que habían firmado en septiembre de 2015.

    Sin embargo, esta declaración fue desmentida luego que el alcalde de Chalchihuitán abandonó la sala donde se les comunicó la resolución.

    Al menos siete personas han muerto a consecuencia de las malas condiciones en que se encuentran, bajo carpas de plástico y dentro de cuevas, especialmente de problemas respiratorios y gastrointestinales, resultado de la mala alimentación y el intenso frío de la temporada preinvernal. Los habitantes de la localidad de Chalchihuitán obligados a huir el mes pasado debido a amenazas de grupos armados, que incluso incendiaron sus viviendas y robaron sus animales, son ayudados por grupos civiles y organizaciones religiosas, así como por las autoridades locales y federales.

    Agentes municipales iniciaron labores de rehabilitación de un camino que comunica a Chenalhó con Chalchihuitán, destruido junto con los otros que comunican a ambas localidades y que habían dejado aislada a la segunda.

    El vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte y organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, alertaron sobre el riesgo de un agravamiento de la situación y de la presencia de grupos armados que acechan a los desplazados.

    Se teme que se produzca una nueva matanza como la que ocurrió hace casi 20 años en la aldea de Acteal, en la misma región, justo donde se alzó en armas la guerrilla zapatista en enero de 1994, cuando 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban ante una ermita.

    El intenso frío, con temperaturas congelantes y la falta de medicamentos, de comida e inclusive de ropa adecuada, ha mermado la salud de los desplazados, en particular de niños, mujeres embarazadas y ancianos.

    El mayor problema es la sicosis entre los pobladores, que temen ser atacados de noche por paramilitares.

    "Por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada, lo que pronostica una crisis alimentaria", señaló la diócesis de San Cristóbal en un comunicado.

    "Niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas", afirmó el reporte.

    "Hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias", añadió.

    La iglesia envió una misión de observadores a la zona donde se hallan dispersos los despalzados y constató "a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó, cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y el gobierno federal", añadió.

    El vicario Ituarte dijo que la resolución judicial no soluciona el conflicto porque es "un documento de escritorio" elaborado "desde la Ciudad de México "sin un consenso armónico entre los pueblos".

    "Las sentencias judiciales aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar", indicó el religioso. Chalchihuitán es considerado uno de los 15 municipios más pobres del país, con casi 80% de sus habitantes en pobreza extrema y 99% en pobreza, según estadísticas oficiales. (ANSA).


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