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08/11/2017 - Evaluación de la ONU

Aborto legal, violencia de género y pueblos originarios, principales deudas de Argentina

Ayer, el Estado argentino fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) en la sede de Naciones Unidas. El EPU es un proceso de monitoreo entre todos los Estados Miembros de la ONU que se realiza cada cinco años. El análisis se hace sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino en el último examen (2012) y se combina con la situación de derechos humanos actual.

Amnistía Internacional presentó un informe con las principales preocupaciones de la organización. Una delegación de la oficina de Argentina se encuentra en Ginebra y presenció el examen.

Entre las principales recomendaciones de diferentes Estados hacia la Argentina se destacan, al igual que en 2012, las deudas sobre derechos sexuales y reproductivos y hacia los pueblos originarios.

Ejes destacados

Derechos Sexuales y Reproductivos: los Estados parte mostraron preocupación por los índices de embarazo adolescente en Argentina; pidieron que se garantice el acceso al aborto legal en condiciones igualitarias; que se tomen medidas para que ninguna mujer se vea sujeta a sanciones penales por la interrupción del embarazo; que se promueva la educación sexual integral y que se abra al debate público la despenalización del aborto. El Estado argentino mencionó que está trabajando en el marco del Plan Nacional para Prevención de Embarazo en la Adolescencia, que fue lanzado recientemente.

 Algunos de los países que mencionaron la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos fueron Canadá, Francia, Alemania, Noruega, Italia,  Suiza, India, Islandia, Eslovenia, Israel yBurkina Faso.

  Violencia de género: los Estados recomendaron a Argentina designar los recursos adecuados e implementar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. También solicitaron garantizar la asistencia a las víctimas, elevar el Instituto Nacional de la Mujer a rango ministerial y desarrollar la producción de información sobre casos de violencia de género. Algunos países que hicieron hincapié en este tema fueron Reino Unido, Suecia, Holanda, Francia, Islandia, India, Chile, Estonia, Montenegro, Paraguay, EEUU, Noruega, Bangladesh, Angola, Bahrein, República Checa y Malasia, entre otros.

 Pueblos Indígenas: muchos países manifestaron su preocupación por la discriminación hacia los pueblos originarios. Particularmente Brasil pidió que se tomen medidas legislativas para determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas. Por su parte Guatemala destacó la respuesta desproporcionada del gobierno argentino ante la protesta por el reconocimiento de tierras. Además, Canadá, Noruega, Paraguay, Perú, Corea, Senegal, Sierra Leona y Palestina solicitaron garantizar el derecho a la consulta previa e informada. 

 Migrantes: algunos Estados demostraron preocupación por la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 y la protección de los derechos de los migrantes.  El Estado argentino defendió este decreto que acelera procesos de expulsión de extranjeros acusados de cometer delitos. Si bien se planteó que la constitucionalidad de la norma fue cuestionada, representantes de Argentina plantearon que hay una sentencia que confirma legalidad.

 Tortura: otros de los temas mencionados fueron la conformación e implementación del Mecanismo de Prevención de la Tortura, la importancia de combatir el uso abusivo de la fuerza en protestas sociales, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos originarios y la población migrante.

 También se sugirió que Argentina designe al Defensor del pueblo de la Nación y que se cree la Defensoría de los Derechos del niño, niña y adolescente.

Además, durante el examen, el Estado argentino anunció que implementará un Plan Nacional de Derechos Humanos que se encuentra pendiente de aprobación por decreto presidencial.

    “El EPU es una oportunidad por un lado, para monitorear avances en materia de derechos humanos. Varios gobiernos reconocieron avances en diversas áreas, como  la sanción de la Ley de Acceso a la Información Publica ocurridos durante esta gestión. Sin embargo, por otro lado,  recomendaron que se asignen los recursos necesarios para su implementación y se establezcan mecanismos participativos de seguimiento”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 Por último, el Estado argentino se comprometió a generar espacios de participación de la sociedad civil para el monitoreo de las recomendaciones del EPU. Desde Amnistía Internacional celebramos esta iniciativa. 

Este viernes se publicará un informe preliminar y en marzo se aprobará el informe final por el Consejo de Derechos Humanos, en el que Argentina deberá informar cuales de las recomendaciones acepta y se compromete a implementar.