AMPLIARResabio de dictadura

02/11/2017 - Chile

Vuelven los espectros de la dictadura

El mundo de los derechos humanos en Chile se vio sacudido por la entrega por parte del Ejército de 26 actas que confirman la participación de su ex comandante en jefe, el general en retiro Juan Emilio Cheyre, en los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973.

Cheyre, jefe del ejército entre 2002 y 2006 (durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar), participó en estos 26 consejos donde se condenó a 16 personas que figuran como víctimas en la Comisión de Prisión Política y Tortura.

    La comisión elaboró en 2005 el Informe Valech, cuyo contenido podrá conocerse después de 50 años.

    "Lo hemos dicho en todos sus tonos, el Ejército guarda información importantísima de participación de sus miembros no sólo en Consejos de Guerra, sino también en ejecuciones, torturas, desapariciones, falsos enfrentamientos, inhumaciones, exhumaciones que hasta ahora ha negado", señaló a ANSA la abogada de derechos humanos Carmen Hertz. La viuda del periodista Carlos Berger, ejecutado por la Caravana de la Muerte en Calama, comentó que el hecho que no se hubiera investigado a los jefes de las Fuerzas de Armada y de Orden, demuestra la "liviandad y frivolidad" con que los gobiernos de la transición abordaron este tema.

    Cheyre fue designado jefe del Ejército en el año 2002 por el presidente Ricardo Lagos, quien no consideró las denuncias que vinculan al militar con la entrega a un convento de monjas del pequeño hijo del matrimonio argentino-mexicano ejecutado por una patrulla cuando intentaba cruzar la cordillera. El militar retirado ha negado siempre haber sabido el destino de los padres del pequeño, pero ahora enfrenta denuncias de sobrevivientes de torturas en el regimiento Arica de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago, donde era un joven teniente, secretario del comandante Ariel Lapostol. El 4 de julio pasado fue careado con víctimas por el juez Vicente Hormazábal, quien investiga una querella presentada por el hermano de uno de los ejecutados, Nicolás Barrantes, a quien después se sumó un testimonio similar de Nelson Rodríguez, por hechos de 1973, en el ex Regimiento Arica. En este proceso, el general en retiro no ha sido procesado.

    Tras la diligencia, Hormazábal informó que "el general no se acordaba de los hechos puntuales ni de las imputaciones que se le hacían, pero sí prestó colaboración en cuanto a señalar cuáles eran las actividades que él desempeñaba en esa época".

    La defensa de Cheyre ha intentado reforzar su imagen de un militar "baluarte de la democracia" que se comprometió con el "Nunca Mas" a las violaciones de los derechos humanos. Para ello, pidió un informe a la fundación de la Vicaría de la Solidaridad (órgano de la Iglesia católica que brindó amparo a los perseguidos bajo la dictadura) consultando si en sus documentos figuraba una denuncia que lo vincularan a crímenes de derechos humanos. La respuesta fue que no había.

    Este hecho detonó un quiebre en la Vicaría y la renuncia de una de las directoras, pues existía información de la participación en al menos cinco consejos de guerra, El magistrado siguió investigando en La Serena y decidió consultar al Ejército sobre si el ex comandante en jefe había participado en otros de estos consejos. La respuesta indica que había resoluciones que daban cuenta de que Cheyre integró 26 de esas instancias, según consignó el diario La Tercera que tuvo acceso a las actas.

    El abogado Jorge Bofill no comentó los nuevos antecedentes arguyendo que no los conocía. En la misma línea se pronunció el actual jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, explicando que "el proceso de entrega de información es una obligación. Un requerimiento de la justicia se cumple, esa ha sido siempre la política institucional y hemos sido reconocidos por eso. En cualquier causa daremos siempre respuesta a todos los requerimientos que se nos hagan".

    Mario Fernández, actual ministro de Interior y a cargo del ministerio de Defensa cuando se nombró a Cheyre, señaló hoy que "esto no se tenía a la vista, se tenía lo que los funcionarios de ese nivel tenían en su hoja de vida, y en su historial judicial no había ningún antecedente".

    Insistió que la hoja de vida "no daba cuenta de nada que impidiera nombrarlo como comandante en jefe". (ANSA).