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AMPLIARLa movilizante injusticia contra Santiago Maldonado

Maldonado está donde Bullrich lo oculta

La desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1° de agosto en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional contra las protestas mapuches en la provincia de Chubut dio visibilidad a la situación de las comunidades originarias en la Argentina.

Detalles.

Los litigios por sus tierras y los centenares de miles de hectáreas en poder de terratenientes extranjeros y desencadenó una serie de mecanismos de encubrimiento por parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destinados a disimular las acciones de una de las fuerzas de seguridad bajo su dirección política.

Hechos

Además de nominar a la causa judicial, la situación a la que fue sometido Maldonado constituye una “desaparición forzada”porque así la definen la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, promulgada en el país el 11 de octubre de 1995 por Ley 24.556 y con jerarquía constitucional desde mayo de 1997, y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ratificada por ley 26.298 del 28 de noviembre 2007.  Así, el delito de desaparición forzada fue incorporado al Código Penal en el artículo 142 ter promulgado por ley 26.679 del 5 de mayo de 2011, con penas de prisión de entre 10, 25 años y perpetua.

Inmediatamente después de recibir el informe de los estudios realizados por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires sobre el ADN de las muestras que extrajeron de los regimientos y de las camionetas supuestamente involucrados en los hechos de la Ruta 40, la ministra Bullrich aseguró que el mismo “Despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada” (sic).

Ese “periplo”, acompañado, fogoneado y “enriquecido” por los medios de mayor peso comunicacional del país, no solo alejaba a Maldonado del lugar en el que se produjo su desaparición sino que, además y más grave, hacía correr un tiempo que, en este tipo de casos, son de vital importancia, sobre todo para la vida y la salud del detenido desaparecido.

Triple play y fuera de juego

Cada desaparición debe ser investigada de forma independiente e imparcial, lo que abarca a la fuerza involucrada, al juez de las causas y a los fiscales. Por lo tanto, la Gendarmería no debió ser la “investigadora” de un hecho que puede constituir un delito cometido por ella misma; después de la represión en el área del km 1847 de la Ruta 40, el juez Guido Otranto debió apartar a quienes dirigieron el operativo por él ordenado y a todos los efectivos que participaron del mismo, algo que no hizo sino hasta ocho días después. En simultáneo, Seguridad tampoco los puso en disponibilidad.

Otra irregularidad fue que el magistrado terminase investigando sus propias decisiones, ya que tuvo a su cargo la pesquisa por el desalojo de la Ruta 40 ordenado por él; el habeas corpus por Maldonado, desaparecido a partir del hecho anterior, y la “desaparición forzada” caratulada por la fiscal Silvina Avila, en el marco de un operativo ordenado por el juez. Tres en uno.

Después de las críticas generalizadas de especialistas y comunicadores, organismos de derechos humanos, sectores partidarios y de la propia comunidad mapuche, el viernes 22 de septiembre la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia admitió los planteos de la familia el CELS sobre la “manifiesta parcialidad”del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y dispuso la intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

Desaparición forzada

Aunque la vocera del Gobierno de Mauricio Macri para el caso crea que la falta de coincidencias genéticas en las pruebas tomadas muchos días después de los hechos y en vehículos lavados incluso con sustancias químicas, las normas hablan por sí mismas, son obligatorias y preexistentes.

Los organismos internacionales consideran también que no es necesario el desarrollo de un “plan sistemático” para que se constituya una desaparición forzada, como sucedió durante la última dictadura cívico militar. Por eso Macri se equivoca al argüir como defensa de sus “jóvenes” gendarmes que no puede homologarse sus acciones actuales con hechos acaecidos en los setenta: no por ser una dejaría de ser una “desaparición forzosa”.

La fuerza de seguridad niega la captura y su jefa política aseguró en diferentes ocasiones que “no hay pruebas” del hecho, además de afirmar su rechazo a “tirar un gendarme por la ventana” o a “estigmatizarlo”, en consonancia con el rechazo presidencial hacia aquellos que, según él, “quieren que linche a la Gendarmería”.

El protocolo internacional de actuación de los gobiernos, por encima de la visión de cualquiera de sus funcionarios y ante un hecho de “desaparición forzada”, considera que durante las “primeras horas de la investigación” es “fundamental que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones” y “garantizarse que las personas, fuerzas, agentes de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación”.

El lunes 31 de julio a las 11 de la mañana un grupo de mapuches concretó un corte de la Ruta 40 para denunciar la prisión del líder Facundo Jones Huala y reclamar su libertad. Repartieron sus panfletos explicando la situación y sus derechos y dialogaron con los conductores que pasaron por el lugar, en su mayoría camioneros.

A pesar del “banque” represivo y las teorías distractivas del gobierno de Mauricio Macri, a siete semanas de la desaparición forzada de Santiago Maldonado -el “Lechu”, “Ardilla”, o simplemente el Santi, de 25 de Mayo-, hay una serie de hechos confirmados e incriminatorios contra el Estado nacional.

Involución y  perejil

La situación descripta ubica a Maldonado y a la Gendarmería en el lugar de los hechos en los que se registra una desaparición forzosa de persona; la lógica de las acciones, sus coordenadas de tiempo y espacio y los testimonios en sede judicial de los propios efectivos involucrados y de los testigos mapuches, terminan de implicar a la institución con lo sucedido a Maldonado.

Mientras se queman las últimas brasas de los escenarios dibujados por el Ejecutivo y el propio juez de las tres causas ya desplazado, desde el “sacrificio” hasta el “ahogado”, el discurso empieza a cambiar, aunque no hacia la autocrítica institucional y el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos que conllevan penas de décadas de prisión no excarcelables, sino hacia el “exceso”, al “por ahí a algún gendarme se le fue la mano” y a la acción individual.

En la cima del poder gubernamental los razonamientos no se alteran. Se mantiene la lógica de funcionamiento del modelo socio económico del equipo empresarial de Macri, destinado a la más fenomenal transferencia de ingresos y recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. El resto es solo un paisaje que, en tiempos electorales, cada tanto hay que “medir”.

Cuando el análisis de los grupos focales y las encuestas gubernamentales mostraron a los propagandistas del PRO el altísimo nivel de interés de los argentinos por el “caso Maldonado”, en la Casa Rosada decidieron los primeros cambios en el discurso oficial. No lo lograron la desaparición, las denuncias, los protocolos violados, ni dos manifestaciones masivas bajo las ventanas rosadas del poder institucional; fueron los focus groups los que impusieron el suave viraje. El Presidente al promediar septiembre seguía creyendo que el tema tendrá “costo cero en las urnas”.

De todos modos, ya le prepararon un Plan B con dos alternativas para el caso de que desde Chubut lleguen malas noticias para la Gendarmería. La primera consiste en el máximo castigo para el o los gendarmes que, de manera inorgánica, hayan infringido la ley en el operativo contra los mapuches. La segunda es por si antes de las elecciones generales del 22 de octubre cayeran pruebas como un alud sobre la ministra de Seguridad, su jefe de gabinete y los jefes de la fuerza actuante; incluye corte de cabezas. Nocetti y los jefes locales primero. Si los focus group indicaran que no le alcanza para dar vuelta el resultado bonaerense de los comicios… la Bullrich cambiaría su traje  camuflado de gendarme, por los trajecitos sastre de la diplomacia política. Sería el último “as” electoral de Cambiemos.

Y todo esto sin especular con lo peor, apenas a la espera de la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables.

Carlos Villalba(*)

 (*) Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 

Fuente: https://vamosavolver.com.ar/2017/09/24/maldonado-esta-donde-bullrich-lo-oculta/