17/08/2017 - Casos

Esquel: Confirmaron el procesamiento de un agente de la AFI por violar la ley de Inteligencia

El imputado proporcionó a funcionarios policiales y del ministerio público provincial datos obtenidos de manera ilegal que resultaron útiles para las investigaciones sobre la toma de tierras de Leleque, el movimiento No A La Mina y el dirigente mapuche Francisco Facundo Jones Huala.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el viernes pasado el procesamiento sin prisión preventiva a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por violación a los artículos 43 bis y ter de la ley de Inteligencia N° 25.520 y de los artículos 45 y 54 del Código Penal, al haber realizado actividades ilegales de persecución a comunidades mapuche y a referentes sociales de la zona, informó a Fiscales.gob.ar la Fiscalía Federal de Esquel.

De esta forma, el tribunal de alzada confirmó el criterio del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien había dado curso al impulso de la causa formulado por la fiscal federal Silvina Ávila.

La causa se inició en virtud de una denuncia penal efectuada por el fiscal general de la circunscripción Esquel del Poder Judicial de Chubut, Fernando Rivarola, en la que puso de manifiesto determinadas irregularidades de una persona que pertenecería a la AFI. Tanto Rivarola como la fiscal jefe de esa dependencia del Ministerio Público de la provincia, María Bottini, el comisario Adrián Alejandro Muñoz y el oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, ambos de la Policía provincial, fueron también procesados en febrero pasado en la causa "como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida por el artículo 15 bis de la ley N°25.520 con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 43 bis de la ley 25520 y artículo 45 del Código Penal)". Pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aún no se pronunció respecto de sus situaciones. Sólo lo hizo sobre el agente de la AFI.

En la causa, la Fiscalía Federal de Esquel impulsó la acción penal para la averiguación de los hechos ocurridos, las identidades de las personas denunciadas, la constatación de la existencia de tareas de investigación direccionadas a referentes sociales de la zona y la identificación de demás participantes en los delitos.

El 12 de abril de 2016, en la resolución recientemente confirmada, el juez Otranto procesó al agente de inteligencia "por considerarlo autor del delito previsto en los artículos 43 bis y ter de la ley N°25520" (de inteligencia nacional). El primero, según el fallo del titular del Juzgado Federal de Esquel, "establece el carácter delictivo de la actuación o relación entre integrantes de los organismos de inteligencia nacional y funcionarios o empleados públicos en torno a la realización de actividades de inteligencia, en tanto el vínculo no se hubiere entablado -o no hubiere sido autorizado expresamente- por alguna de las dos máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia". El segundo, en tanto, "define como delito que los integrantes de alguno de los organismos de inteligencia nacionales realicen actividades de investigación criminal sin requerimiento judicial y obtengan, produzcan o almacenen información de personas a raíz de su adhesión o pertenencia a organizaciones sociales".

Según consta en la causa, el espía "llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut".

Otranto señaló también que no solamente se dedicó a recolectar información sobre el conflicto por la toma de tierras en una estancia propiedad de la multinacional Benetton en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel por parte del Movimiento Mapuche Puel Mapu de Cushamen. También, se involucró en la pesquisa encomendada a la misma División de la policía provincial "tendiente a dar con el paradero de Francisco Facundo Jones Huala a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a extradición que había sido requerido por la República de Chile".

El juez indicó que el imputado "obtuvo y almacenó información respecto de 26 personas individualizadas por haberse manifestado en diferentes ámbitos en oposición al establecimiento de la actividad minera en la región o en apoyo a las reivindicaciones de pueblos originarios. También, fotografió a miembros del movimiento No A La Mina en una reunión 'Casa Abierta' que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque".

fiscales.gob.ar