17/07/2017 - Piden más investigación

Atentado a la AMIA: 23 años de impunidad

A 23 años del atentado a la AMIA, Amnistía Internacional insta al Estado argentino a cumplir con su obligación de llegar a la verdad y juzgar a los responsables.

Actualmente, se lleva adelante el juicio oral sobre el encubrimiento a la investigación del ataque. Luego de años de espera, las familias de las víctimas y la sociedad argentina merecen que el proceso brinde reparación y resultados concretos.

La organización internacional plantea la urgente necesidad de aplicar el decreto 812 de 2005, aún pendiente pese a los años transcurridos. Nuestro país, a través de compromisos asumidos en instancias nacionales e internacionales, se comprometió a:

garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables;

fortalecer las unidades especiales de investigación dedicadas al caso (Unidad Fiscal Especial AMIA del Ministerio Público y Unidad Especial de Investigación del caso AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos);

extender las unidades de relevamiento a la dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios;

crear una unidad especializada en catástrofes;

transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia; promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado; y

profundizar el proceso del relevamiento de archivos del caso AMIA en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (actualmente AFI -Agencia Federal de Inteligencia-)  y de las Fuerzas de Seguridad.

Respecto a este último punto, Amnistía Internacional acompaña las preocupaciones advertidas por familiares de víctimas respecto del decreto 229/17 que refiere a la desclasificación de archivos de la causa AMIA afectadas al proceso judicial. Es preciso que se garantice la integridad de la documentación desclasificada, se fortalezca el trabajo realizado por  el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental del Ministerio Público Fiscal (GERAD) y se proteja la transparencia en los protocolos de trabajo que contribuyan a descubrir la verdad sobre lo sucedido y comprobar las circunstancias y los responsables de los delitos investigados.