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AMPLIAREl ex juez Manlio Martinez

El ex juez Manlio Martínez esperará en libertad que se dicte una nueva sentencia

El ex magistrado venía purgando su condena bajo arresto domiciliario. Quedó en libertad luego de que una Cámara anulara algunos aspectos de la condena y ordenara al Tribunal que se dicte una nueva resolución.

Detalles.

Hace algo más de dos años el Tribunal Oral Federal, integrado por Hugo Norberto Cataldi, José Asís y Mario Garzón, condenó al ex juez federal, Manlio Martínez, a 16 años de prisión.

El tribunal consideró que el ex juez federal, que actuó como tal durante la última dictadura militar, había cometido los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. También se aclaró que el cumplimiento de la pena sería de carácter domiciliario debido a su estado de salud y una vez solucionado debería ser trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal. 

Este traslado nunca ocurrió y fueron frecuentes las llamadas a los medios de comunicación señalando que Martínez invitaba un café a sus custodios en un estación de servicios cercana a su casa, claro que por las noches.

Hace dos semanas la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa (presidente), Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, en un fallo de 16 páginas resolvió, con disidencias en algunos puntos, hacer lugar de manera parcial al recurso de casación planteado por la defensa del imputado; así, anuló diversos aspectos de la sentencia dispuesta en junio de 2015 por el TOF y ordenó que se dicte una nueva resolución, teniendo como parámetro las observaciones efectuadas por los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal. 

Como antecendentes de su procesamiento se tomó en cuenta los testimonios dados por sobrevivientes y vecinos en una de las tantas causas por delitos de lesa humanidad sustanciados en el TOF. Se trata de la masacre a que fueron sometidos cinco militantes montoneros en la Calle Azcuénaga.

En 2011 un tribunal condenó  a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz por la matanza de cinco militantes montoneros. Entre esos militantes estuvo la madre de la abogada, Alejandra Niklison que se encontraba en la vivienda que alquilaba en calle Azcuénaga al 1600. En esa casa estaba reunida con Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen. Tres de estas víctimas, que fueron masacradas en lo que se quiso hacer pasar como un enfrentamiento, permanecen desaparecidas.

A partir del juzgamiento de esta primera causa comenzó a investigarse la responsabilidad que Manlio Torcuato Martínez tuvo en esa matanza. El ex juez había estado en el lugar y no investigó los hechos, según explicó él mismo, porque se declaró incompetente. Pero no existe en la justicia federal ni militar ningún documento que dé cuenta de esta decisión. Esto fue claramente expuesto por Emilio Guagnini, el abogado que acompañó en la querella a María Alejandra.

A esta causa, la de la muerte de los cinco militantes en la casa de la calle Azcuénaga, se sumó la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano. Romano era el propietario de esa vivienda y cuando se enteró de lo que allí había sucedido se llegó hasta el juzgado federal para ratificar su condición de propietario y aclarar que no tenía ninguna vinculación más que la de locatario – locador con la víctima de la masacre. En esa ocasión, el imputado y ex juez decidió ponerlo a disposición de la policía de la provincia. Se le inició una causa y Miguel Romano fue trasladado y torturado en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía. La pareja y la hija de esta víctima declararon que se habían presentado ante Manlio Martínez para explicar las condiciones psiquiátricas de Miguel, pero lejos de dar atención a estos planteos, fueron ignoradas. La liberación de Miguel Romano fue en realidad un pasó a un hospital psiquiátrico con un fuerte agravamiento de su estado de salud.