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Fiscales de Ecuador y Colombia reunidos por el caso Odebrecht

Fiscales de Ecuador y Colombia mantuvieron ayer una reunión para avanzar en las investigaciones en torno a un contrato aún vigente que la empresa brasileña Odebrecht mantiene con el municipio de la capital ecuatoriana.

Detalles.

La fiscal general subrogante, Thania Moreno, recibió a su colega colombiano de la unidad de lucha contra la corrupción, Juan Delgado, con quien dialogó en reserva acerca del contrato de construcción del Metro de Quito, que se encuentra en plena ejecución.

En esa obra, que tiene un costo total alrededor de 2.000 millones de dólares, Odebrecht es parte del consorcio con la empresa española Acciona, con la cual construyen la fase II de esa obra, aunque el municipio quiteño ha pedido formalmente la desvinculación de la brasileña, acusada en 10 países latinoamericanos y dos africanos de entregar sobornos millonarios a cambio de contratos con el Estado.

Moreno aseveró que en la denuncia acerca del contrato del Metro de Quito, la presentó la asambleísta María José Carrión, quien señaló que funcionarios del municipio habrían viajado a Brasil y Colombia en torno a este caso. Las investigaciones fiscales giran en torno al delito de delincuencia organizada.

Delgado destacó que la fiscalía colombiana mantiene conversaciones con representantes de Odebrecht y ?por esa razón hemos avanzado en las investigaciones penales... No quiero dar los detalles de cuál ha sido el avance... pero en realidad estamos por dar pasos grandes en la investigación?. No dio más detalles.

Hace una semana, fiscales ecuatorianos allanaron 18 propiedades en tres ciudades, incluidas las del contralor, Carlos Pólit, quien estaba en Estados Unidos con permiso médico, y detuvo a cinco personas, incluido un tío segundo del vicepresidente, Jorge Glas.

La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.

El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht, que por ley no puede suscribir nuevos contratos en este país.