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AMPLIAREl ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Martín Vizcarra

Ministro peruano renuncia tras irregularidades en contrato de aeropuerto

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú renunció ayer tras duras criticas por los cambios que se realizaron a un contrato de 520 millones de dólares para construir un aeropuerto en la región turística del Cuzco, poco antes de que la Contraloría denunciara "irregularidades" en el proyecto.

Detalles.

La renuncia del ministro Martín Vizcarra se produce un día después de que el Gobierno cancelara el contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en manos del consorcio Kuntur Wasi, del holding argentino Corporación América y el peruano Andino Investment Holding.

Vizcarra no precisó las razones de su renuncia pero el Congreso lo interrogó la semana pasada por firmar cambios al contrato original que, según la Contraloría, podrían significar un perjuicio para el Estado de 40,6 millones de dólares.

"Es oportuno después de desempeñar ese cargo de ministro desde el 28 de julio del año pasado, que ahora dé esa responsabilidad a otro que el señor Presidente de la República dé su confianza", dijo Vizcarra, quien afirmó que continuará apoyando al Gobierno desde su cargo como vicepresidente de Perú.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien había promovido el plan para impulsar la inversión que se ha desacelerado en los últimos años, afirmó que pese a la cancelación de la obra, la construcción de la estación aérea se hará más adelante pero con modificaciones al contrato.

El líder del frente de defensa de Chinchero, Constantino Sallo, anunció protestas desde el Cuzco. "Hemos sido traicionado y eso no va a pasar por agua tibia", dijo Sallo a la estación de televisión Canal N, sin precisar cuando comenzaría la protesta.

El Contralor General, Edgar Alarcón, dijo a periodistas que los cambios al contrato de Chinchero fueron "irregulares" y que 10 funcionaros del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía y del órgano regulador Osinerming incumplieron con la normativa que regula las asociaciones público-privadas.

"Las acciones realizadas por los funcionarios habrían favorecido al concesionario pues no velaron que se cumpla con el contrato de concesión al no acreditar un acreedor permitido, ni contar con una propuesta de financiamiento", afirmó Alarcón.

El contralor también cuestionó los cambios en la asignación de los riesgos financieros del proyecto. En el contrato original, el concesionario tenía un riesgo de 71,4 por ciento y el Estado un 28,6 por ciento. Con los cambios, Kuntur Wasi tenía un riesgo de un 19,27 por ciento y el Estado del 80,73 por ciento.