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05/05/2017 - U.N.T.

Sin Justicia no hay Democracia

Las autoridades del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán rechazan y expresan su profunda preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el beneficio del 2 x 1 al ex represor Luis Muiña condenado por crímenes de lesa humanidad.

 Como casa de altos estudios comprometida con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, y también como víctima del plan sistemático de exterminio que afectó nuestros claustros durante la última Dictadura Cívico Militar, consideramos que esta norma sienta un peligroso precedente para abrir las puertas de la impunidad a los responsables del genocidio en Argentina.

Entendemos que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) del 3 de mayo de 2017, constituye una maniobra más, destinada a socavar el pleno cumplimiento de las condenas que por crímenes de lesa humanidad han venido siendo impuestas a los actores del terrorismo de Estado en la Argentina de 1976/1983.

Muiña fue condenado a 13 años de prisión por su intervención en el secuestro de 22 personas en el Hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, durante el mes de marzo de 1976. Seis de aquéllas continúan desaparecidas hasta el día de hoy.

Nuestra Universidad, reconocida históricamente por la defensa irrestricta de la Democracia y por su acompañamiento a los familiares de las víctimas en todas las acciones reparadoras y justiciables, no puede permanecer ajena a este fallo, el cual representa un evidente retroceso en todos los avances logrados en materia de DD.HH.

Más allá de las consideraciones jurídicas expuesta en el voto de la mayoría de la CSJN y de sus tecnicismos,  repudiamos que se asimilen a "delincuentes comunes" a quienes han cometido comprobados crímenes masivos, con millares de víctimas, desde la estructura del Estado.

Recordamos aquí, en consonancia con el voto minoritario de dos de sus jueces - en coincidencia con la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal-   que la República Argentina ha asumido el compromiso internacional de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Obligación que, mediante este fallo de la Corte, se ve oprobiosamente incumplida.

Por otra parte, reafirmamos nuestro compromiso con los organismos de DD.HH, las víctimas, sus familiares y a las organizaciones sociales que bregan desde hace años por la sanción penal de delitos aberrantes y permanentes aún en estado consumativo, como son el secuestro de niños y la desaparición forzada de personas.

Aspiramos a que el Poder Judicial -institución a la que respetamos profundamente- revise esta medida que cambia sustancialmente la doctrina sobre los crímenes imprescriptibles de lesa humanidad, y que socava la convivencia republicana así como la consolidación de un Estado de Derecho con verdadera inclusión ciudadana.