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AMPLIARLa relatora Leilani Farha

Relatora ONU evaluará situación de la vivienda en Chile

La relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, la canadiense Leilani Farha, evaluará en terreno la actual situación habitacional en Chile.

Detalles.

El país sudamericano enfrenta nuevos desafíos por la llegada masiva en los últimos años de más de medio millón de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos.

"Mi objetivo principal será evaluar si las condiciones de vivienda de las personas en campamentos, vivienda social o alquilada cumplen con las normas internacionales de derechos humanos", señaló la experta, que llegó el pasado jueves a Santiago.

En Chile, el derecho a la vivienda se implementa a través de políticas y programas públicos que requieren de parte de las familias un ahorro previo de entre 1.000 y 1.200 dólares, aunque también se puede hacer a través de cooperativas o comités de allegados, que facilitan postular con un ahorro menor.

Farha, quien es invitada por el gobierno, tendrá reuniones con autoridades, organizaciones sociales y también recopilará testimonios en su visita de ocho días que culmina el 28 de abril.

"Tengo especial interés en saber si las poblaciones más vulnerables gozan del derecho a una vivienda adecuada. En este sentido, me enfocaré en las condiciones y necesidades de vivienda de pueblos indígenas, de personas en situación de pobreza, así como de grupos emergentes de población marginada como migrantes, refugiados y solicitantes de asilo", señaló. Contó que ha "escuchado que la mayoría de personas en Chile, más allá de su estatus socio-económico, han tenido acceso a una vivienda". "Quiero comprender mejor cuáles fueron los programas que lograron ese resultado y si continúan siendo efectivos", destacó.

La visita de Farha coincidió con la realización el pasado 19 de abril del Censo abreviado que permitió conocer las condiciones dramáticas en que vive la mayoría de los migrantes, los nuevos pobres de la sociedad chilena. El caso más brutal quedó al descubierto en la comuna de Quilicura -10 kilómetros al norte del centro de Santiago- donde un grupo de censistas llegó hasta un sitio donde se creía que había una fábrica. La sorpresa no pudo ser mayor cuando al traspasar el portón de entrada se encontraron con decenas de habitaciones, de cuatro a cinco metros cuadrados, que albergaban a cientos de inmigrantes, en su mayoría haitianos, junto a ecuatorianos, colombianos y peruanos.

"Me habían asignado diez casas, pero cuando llego a este lugar me di cuenta que hay cerca de 50 piezas, donde viven puros extranjeros", relató un encuestador.

El terreno pertenece a un particular que ha ido levantando alcobas contiguas de madera, una sala de baños y una cocina comunitaria. Por cada pieza cobra 156 dólares.

Pero no es el único caso de hacinamiento. En pleno Santiago centro, en la comuna de Estación Central, hace pocos días un tuit del intendente metropolitano, Claudio Orrego, alertó sobre la construcción de edificios de 42 pisos con departamentos de 25 metros cuadrados.

Los valores superan los 40.000 dólares, y están pegados a otras torres cuyos departamentos se arriendan a 234 dólares y en los cuales viven dos, tres hasta cuatro familias de migrantes.

El lugar tiene demanda por su ubicación y conectividad, a un paso del Metro y de las diferentes líneas de microbuses.

Orrego enunció que los nuevos edificios no cuentan con autorización medioambiental, no existe un Plan Regulador por parte del municipio. La autoridad local, sólo en los últimos tres años, ha otorgado 71 permisos de edificación. "Si todos se materializan, estamos hablando de 46 mil departamentos", los que se convertirán en verdaderos "guetos verticales", graficó.