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Repudian proyecto de ley para endurecer la represión

La Fundación Memoria e Identidades del Tucumán dio a conocer un documento, en el que repudia la pretensión de diputados de Cambiemos que -a través de un proyecto de ley- busca endurecer aún más la represión que ya viene aplicando contra manifestantes que reclaman con cortes y/o protestas, por el respeto de sus derechos.

 A la vez, esta organización convoca “a las fuerzas populares a movilizarse, para impedir la puesta en vigencia de medidas todavía más arbitrarias que las que ya se vienen aplicando”.

 La norma propuesta -repudiada expresamente por nuestra fundación- prevé la modificación de artículos del Código Procesal Penal para cambiar los conceptos de amenaza o extorsión, en perjuicio participantes de manifestaciones públicas. Y en un intento por evadir la potestad del Poder Judicial (al que hasta se permite juzgar), el proyecto de ley hace referencia al Protocolo Antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, aprobado en 2016, cuando señala que el tal “protocolo debe apuntalarse desde la legislación penal, para no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos, y/o jueces politizados”.

Desde nuestra Fundación, consideramos que se apunta a criminalizar la protesta social, mediante, por ejemplo,  articulo 194 del proyecto de ley que circula en el Congreso de la Nación, hace foco en que quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, será reprimido con prisión de 3 meses a 6 años (mientras que) la pena será de 2 años a 6, si esos actos fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes (…) o con la cara cubierta, de modo de impedir su identificación”.                    

 Y entre los fundamentos señalados para justificar la aplicación de estas medidas autoritarias y antidemocráticas, violatorias incluso de la Constitución Nacional, se señalan “los hechos violentos que a diario se cometen y que, poco a poco, internalizamos como normales e inevitables, cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos constitucionales de la mayoría del cuerpo social”. Nos parece paradójico, que este gobierno nacional, sostenga tales asertos, cuando desde hace un año y cuatro meses viene promoviendo quita de derechos sociales, económicos y culturales que lesionan la cotidianeidad de la inmensa mayoría de los argentinos, provocando la lógica reacción de defensa de los intereses populares y repudio a esas medidas que solo benefician a los sectores más enriquecidos de Argentina y a cierto capital extranjero.

 “Por las razones apuntadas -concluye el documento de la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán- es que expresamos nuestro repudio e invitamos a las organizaciones hermanas a adoptar idéntica actitud, para evitar males mayores a las ya castigadas clases sociales más afectadas por la decisiones de este gobierno neoliberal y fascista, que pretende envilecer definitivamente a los sectores populares y mancillar sus derechos”.