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AMPLIARVuelven los chilenos a las calles

Chilenos desconfían de proyecto oficialista que habilita sistema previsional mixto

La propuesta de la presidenta Michelle Bachelet para modificar el actual sistema de pensiones, instaurado en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet provocó ayer una catarata de críticas que anticipan un duro trámite en el Congreso.

Detalles.

Sin ser parte de su programa de Gobierno y tras multitudinarias manifestaciones callejeras en las que se pedía acabar con ese sistema cuestionado por sus bajas retribuciones, Bachelet entregó finalmente su propuesta para reformar las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pioneras en establecer en 1981 un formato de capitalización absolutamente individual.

El anuncio formulado la noche del miércoles llegó sin el respaldo de un 'gran acuerdo político' buscado sin suerte por el gobierno.

La propuesta aumenta en casi un 50% el monto de la cotización mensual obligatoria para cada trabajador, pasando de un 10% a un 15% en promedio. El 5% adicional sería de cargo de empleador y su administración tendría un carácter mixto, con la creación de un ente estatal autónomo.

La medida busca aumentar en 20% el actual monto de las jubilaciones y un 50% de los futuros jubilados.

"No se tuvo el suficiente coraje para abrir el debate" a un nuevo sistema, criticó Luis Mesina, líder del movimiento 'No+AFP', que ha liderado multitudinarias manifestaciones callejeras para acabar con las Administradoras de Fondos de Pensiones y establecer en vez de ellas un sistema de reemplazo.

Con su propuesta, Bachelet optó por mantener un sistema que prometió entregar jubilaciones equivalentes a un 70% del último sueldo pero que transcurridas casi cuatro décadas de su creación entrega bajísimas pensiones para la mayoría de sus afiliados, por debajo del salario mínimo (unos 400 dólares).

Una decisión que también despertó críticas en el mundo político.

"El destino de esta reforma va a ser el destino de todas las otras reformas (impulsadas por el gobierno de Bachelet), el rechazo", sostuvo el senador opositor Hernán Larraín, tras calificar la propuesta como un "mal proyecto".

-Año electoral-

Bachelet optó por emprender una nueva reforma social pese al complicado trámite que han tenido otras iniciativas como la reforma al sistema educativo y laboral, en un año en que los chilenos elegirán a su sucesor y con el expresidente derechista Sebastián Piñera liderando los sondeos.

En caso de ser rechazado nuevamente, Bachelet podría dejar el gobierno -en marzo de 2018- sin ver sancionada una de sus más emblemáticas reformas.

La propuesta de pensiones "solo busca descomprimir la presión social en un año electoral", criticó Luis Mesina sobre un proyecto de ley que sería enviado al Congreso recién en tres meses más.

El proyecto no incluye un aumento en la edad de las jubilaciones y establece un plazo de seis años para el incremento del 5% de la cotización de cargo al empleador.

Los nuevos recursos generados se dividirán en dos partes. Un 3% irá directamente a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el 2% restante se destinará a un seguro colectivo.

"Estos recursos serán administrados con un fuerte carácter redistributivo, para que además de la solidaridad intergeneracional, exista apoyo hacia los que logran un menor ahorro y pensiones más bajas", explicó Bachelet en cadena nacional.

Se contempla, además, que los afiliados tengan una mayor participación en la definición de las las inversiones que se realizan las AFPs, que administran hoy unos 170.000 millones de dólares aportados por unos 10 millones de afiliados al sistema.

"La mejora de pensiones vendrá dada por el aporte único y exclusivo de los trabajadores y de la clase media de este país", cuestionó el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz.

Con una popularidad en niveles históricamente bajos (25%), Bachelet enfrenta en paralelo el complejo trámite de un emblemático proyecto para establecer la gratuidad universal en la educación, una exigencia que por años han agitado miles de estudiantes en multitudinarias marchas callejeras.

El martes, los estudiantes volvieron a salir a las calles para exigir la reformulación del proyecto, que el lunes será votado en general por los diputados y que ya recibió el voto negativo en la Comisión Especial de la Cámara.