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AMPLIARTemer, Calheiro y el diputado Maia, trio de corruptos

Brasil anuncia plan para estimular la economía mientras crece enfrentamiento con jueces

La guerra entre los poderes en Brasil se reavivó este jueves después de que la corte suprema suspendiera la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley que pretendía castigar a jueces y fiscales.

Detalles.

A medida que el mayor escándalo de corrupción en la historia del país cierra el cerco sobre la clase política, las relaciones entre el Congreso y el Poder Judicial se están volviendo cada vez más tensas.

A fines de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un paquete anticorrupción originalmente impulsado por los fiscales que investigan el escándalo de sobornos de Petrobras, que llegó al recinto apoyado por más de dos millones de firmas.

Paradójicamente, el proyecto fue modificado por los legisladores, que suprimieron varias disposiciones e incluyeron una enmienda que permite castigar a jueces y fiscales por "abuso de autoridad".

La enmienda desató una fuerte polémica, pero el proyecto continuó su trámite para ser discutido en el Senado.

Hasta que este miércoles un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó una medida cautelar para suspender la tramitación del proyecto de ley porque considera que estuvo plagada de vicios.

Por haber llegado al Congreso como una iniciativa popular, el proyecto debe ser debatido sin "enmiendas y sustitutivos que desfiguren la propuesta original para simular apoyo público a un texto esencialmente distinto a aquel suscrito por millones de electores", consideró el juez Luiz Fux en su escrito.

- "Interferencia" en el Congreso -

La decisión de Fux "interfiere en el proceso legislativo", se quejó en un comunicado el presidente del Senado, Renan Calheiros, que viene protagonizando fuertes enfrentamientos con el máximo tribunal.

Calheiros anunció que la cámara alta recurrirá la decisión de Fux, que devuelve el proyecto de ley a su punto de partida hasta que los restantes jueces de la corte se pronuncien sobre el asunto -lo cual ocurrirá recién en 2017, después del receso judicial-.

La semana pasada Calheiros reavivó la escalada de tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, cuando otro magistrado de la suprema corte ordenó suspenderlo del cargo por considerar que un ciudadano procesado no puede estar en la línea de sucesión presidencial -como corresponde al cargo de presidente del Senado-.

Calheiros, procesado por malversación de fondos y acusado de corrupción en el caso Petrobras, no cumplió la orden judicial y decidió mantenerse en su puesto hasta que el plenario de la corte se manifieste sobre el asunto.

Finalmente, el Supremo Tribunal Federal (STF) optó por dejarlo en el cargo y apaciguó las tensiones.

La enorme mancha del "Petrolao", una red de sobornos y desvío de fondos públicos que se enquistó en la estatal Petrobras en la última década, ha puesto tras las rejas a prominentes empresarios y no ha dado respiro a la clase política.

Figuras como los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor enfrentan juicios por esta trama delictiva que drenó más de 2.000 millones de dólares de la empresa.

Nuevas revelaciones hechas por ejecutivos de la constructora Odebrecht, altamente involucrada en el caso, se han filtrado a la prensa esta semana y amenazan a decenas de legisladores en ejercicio, a ministros de gobierno y al propio presidente Temer, acusado de pedir 3 millones de dólares para financiar campañas electorales de su partido.