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AMPLIARGrupo Guaraní - kaiowá en el centro de la disputa

Estado brasileño mediará en conflictos desatados entre pueblos originarios

Representantes del gobierno federal abandonaron Brasilia y aterrizaron en Mato Grosso do Sul, ayer martes. El objetivo de los equipos de los Ministerios de Pueblos Indígenas (MPI) y de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) es “mediar en conflictos de tierras” que culminaron en una serie de ataques contra indígenas que ocupaban zonas rurales reivindicadas como territorios tradicionales.

Sigue.

Delegados del Ministerio de los Pueblos Indígenasdurante el último fin de semana, ocurieron dos ataques a grupos guarani e kaiowá en el Mato Grosso do Sul. La primera fue registrada  el sábado, en Douradina, a cerca de 195 quilometros de Campo Grande. El segundo caso ocurrió en la Tierra Indígena Dourados-Amambaipegua I, que cubre parte de los territorios de las ciudades de Amambai, Caarapó y Laguna Carapã, el domingo (14).

Según informó Agência Brasil , al menos un indígena recibió un disparo en una de sus piernas durante el intento de sacar a los guaraní-kaiowá de la zona conocida como Panambi (GuyraKambi'y) – Lagoa Rica, en Douradina. Además, el Consejo Indígena Misionero (Cimi), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (Cnbb), sostiene que una joven también recibió un disparo en la pierna durante el ataque a la Tierra Indígena Dourados-Amambaipegua I.

Según el MPI, la Tierra Indígena Panambi-Lagoa Rica, en Douradina, fue delimitada por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) en 2011, pero tres acciones judiciales impiden que se complete el proceso de demarcación y se destine el territorio de 12,1 mil hectáreas. para uso exclusivo indígena. Las aproximadamente 56 mil hectáreas de TI Amambaipegua I, en Caarapó, fueron delimitadas en 2016, pero propietarios rurales impugnan el proceso, que permanece en análisis. Cada hectárea corresponde aproximadamente a las medidas de un campo de fútbol oficial.

En una nota, la asamblea Aty Guasu, principal organización política y social de las etnias guaraní y kaiowá, afirma que la decisión de “retomar” parte de los territorios reclamados como territorios indígenas tradicionales se tomó “después de largos años de espera por la aprobación y regularización de nuestro territorio ancestral, sobreviviendo en chozas de lona, ​​sin las condiciones mínimas de vida, y sufriendo amenazas y persecución por parte de los grandes terratenientes que nos rodean”.

La Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Famasul) expresó preocupación por la escalada de violencia, destacando que los recientes “hechos ponen de relieve la inseguridad jurídica vivida durante décadas en el estado, resultante de la falta de una respuesta definitiva por parte del Poder Público, que garantiza la pacificación en el campo”. Según la entidad, que agrupa a 69 gremios rurales, actualmente hay 146 predios “invadidos” en todo el estado.

“Mato Grosso do Sul tiene un número importante de productores rurales que, a pesar de haber adquirido sus propiedades legítimamente y con dominio pacífico ejercido durante más de medio siglo, tienen sus títulos cuestionados y sus áreas invadidas”, agregó la entidad en una nota, el que dice defender, entre sus asociados, la obediencia irrestricta a la ley y espera una resolución pacífica “tanto para los indígenas como para los productores rurales”. “Por eso, reflexionamos sobre la ausencia de medidas equivalentes para ambas partes de esta cuestión, ya que todos los conflictos de tierras registrados en Mato Grosso do Sul son consecuencias de invasiones de propiedades privadas”.

Sur

La misión conjunta de los ministerios de Pueblos Indígenas (MPI) y de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) se extenderá también a Paraná, donde también han sido desplazados indígenas que luchan por el reconocimiento de sus derechos de posesión de áreas que afirman pertenecían a sus antepasados. atacado a balazos.

Según el MPI, a principios de mes, 22 familias avá guaraníes que ocupan una porción del territorio ya delimitado para dar paso a la futura Tierra Indígena Guasu Guavirá, en las ciudades de Guaíra, Altônia y Terra Roxa, cercanas a la Frontera con Paraguay, extendida, ocupación en expansión. Según el ministerio, esto ocurrió "porque la comunidad en la que viven ya no tiene habitantes".

“Las familias fueron entonces blanco de ataques de los ruralistas”, informó el MPI, destacando que la presencia de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en la región no intimidó a los atacantes. “Entre los heridos, un indígena recibió un disparo. Además de la violencia física sufrida por los avá guaraní, se impidió que los ruralistas realizaran donaciones y entregas de alimentos en el lugar”.

Además de enviar representantes a Mato Grosso do Sul y Paraná, los órganos federales dicen estar atentos a los conflictos territoriales que involucran a indígenas en Rio Grande do Sul. Según el MPI, en Pontão, a unos 320 kilómetros de Porto Alegre, los indígenas Kaingang sufrieron. Dos ataques en menos de cinco días. Según Cimi, los ataques comenzaron después de que las familias decidieron regresar a una zona cercana a su territorio original.

“Al día siguiente de la reanudación, que comenzó el día 9, personas armadas pasaron por la carretera y dispararon hacia las chozas al costado de la vía, en terrenos públicos que pertenecen al Departamento Nacional de Infraestructura del Transporte (DNIT). El fin de semana, hombres prendieron fuego a un vehículo de la comunidad indígena”, aseguró el MPI.

Periodo de tiempo

En su cuenta personal de Instagram, el secretario ejecutivo del MPI, Eloy Terena, publicó un mensaje en el que afirmó que “la inestabilidad generada por la Ley Marco Temporal, además de otros intentos de avanzar en la agenda [antiindígena], como la PEC nº 48 , resulta no sólo en inseguridad jurídica sobre las definiciones territoriales que afectan a los pueblos indígenas, sino que también abre la oportunidad a actos de violencia que tienen a los indígenas como principales víctimas”.

En el mismo mensaje, el secretario garantiza que el ministerio mantiene un diálogo constante con las Coordinaciones Regionales específicas de la Funai, la Defensoría Pública Federal (DPU), el Ministerio Público Federal (MPF), líderes locales y otros organismos involucrados “para apoyar a los pueblos indígenas cuyos derechos fueron violadas y evitar más violencia”.

Fuente: Agência Brasil