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AMPLIARJimmy Lippert Thyden González en el reencuentro con su madre

Un niño adoptado, robado al nacer, demanda a Chile por miles de crímenes similares ocurridos durante la dictadura

Un chileno-estadounidense criado en Estados Unidos presentó ayer lunes una denuncia penal contra el estado de Chile, alegando que participó en un plan sistemático para robar miles de bebés a percibidos como enemigos del estado en las décadas de 1970 y 1980.

Sigue.

El caso presentado por Jimmy Lippert Thyden González, de 43 años, tiene como objetivo avanzar en la tarea de los fiscales chilenos y los grupos de derechos humanos que trabajan en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el gobierno del general Augusto Pinochet. 

El 11 de septiembre de 1973, Pinochet encabezó un golpe de estado para derrocar al presidente Salvador Allende , marcando el comienzo de un período de brutal represión hasta 1990, durante el cual al menos 3.095 personas fueron asesinadas y decenas de miles más fueron encarceladas y torturadas por razones políticas. 

Poco más de un año después de conocerse su origen como uno de los miles de adoptados chilenos separados de sus padres biológicos sin consentimiento durante la dictadura de Pinochet, Thyden González presentó su demanda en Santiago, la capital de Chile.

Lo hizo en un momento crucial. El lunes, un nuevo juez asumió el control de las investigaciones judiciales sobre las operaciones de tráfico de niños de la dictadura, la última medida del gobierno del presidente Gabriel Boric en su intento de fortalecer los esfuerzos de rendición de cuentas en Chile.

“Lo primero y más importante es que el gobierno reconozca que esto sucedió, que se cometió un error”, dijo Thyden González, abogado y ex infante de marina criado en Virginia, a The Associated Press en Santiago.

“A partir de ahí podemos empezar a pensar en cómo serán las reparaciones”.

El año pasado, con la ayuda de Nos Buscamos, una organización chilena sin fines de lucro que facilita la reconexión de familias separadas por adopciones forzadas, Thyden González logró localizar y abrazar a su madre biológica, María Angélica González, quien vio por última vez a su hijo recién nacido siendo llevado en una sala de un hospital de Santiago.

Los médicos le habían dicho que su hijo prematuro murió poco después del parto y que lo habían enterrado mientras ella se recuperaba en el hospital. En realidad, el bebé Thyden fue entregado en adopción a una familia en los Estados Unidos, una de las miles de adopciones ilegales en el extranjero en Chile que se produjeron antes de la dictadura de Pinochet, pero que aumentaron durante sus 17 años en el poder.

Según informes de la justicia chilena obtenidos por AP, en total se han producido unos 20.000 casos de adopciones forzadas o criminales.

Organizaciones de la sociedad civil como Nos Buscamos estiman que más de 50.000 familias chilenas se han visto afectadas.

No fue hasta 2017 que Chile inició investigaciones judiciales sobre esta práctica de escarmiento. El gobierno ha creado una base de datos de ADN para permitir que los adoptados y sus familias biológicas se conecten.

Nadie ha sido acusado en relación con los secuestros. Los grupos de derechos humanos han criticado el hecho de que el gobierno no haya investigado los crímenes con más diligencia y celeridad.

Funcionarios del Ministerio de Justicia dicen que 1.200 casos de adopción forzada —la mayoría de ellos relacionados con bebés chilenos llevados a Estados Unidos y Suecia para su adopción— están avanzando por el tribunal de apelaciones de Santiago.

El presidente de Chile se reunió la semana pasada con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Estocolmo, donde alcanzaron un acuerdo de cooperación para “avanzar en el intercambio de información” sobre las adopciones forzadas.

La demanda de Thyden González es uno de los muchos intentos de lograr justicia. Pero, si bien la mayoría de las denuncias penales anteriores se centran en los detalles de las experiencias de los adoptados, el caso de González espera tener una repercusión más amplia.

Su denuncia destaca por denunciar una “situación sistemática que se extendió durante décadas”.

“Más allá de las responsabilidades individuales, nos interesa determinar la responsabilidad del Estado chileno”, dijo Ciro Colombara, abogado de derechos humanos que presentó la denuncia de Thyden González. “Esto será objeto de discusión en tribunales locales, nacionales y, eventualmente, en tribunales internacionales de derechos humanos”. AP