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AMPLIARLa directiva de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) liderada por su presidente Giovanni Ortuño. ABI

Empresarios bolivianos rechazan desestabilización del Gobierno y exigen máxima sanción penal contra los promotores

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó ayer jueves cualquier acción directa o indirecta que pretenda la desestabilización del Gobierno elegido democráticamente, y demandó la máxima sanción judicial contra los promotores del fallido golpe de Estado.

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“Rechazamos cualquier acción directa o indirecta que pretenda la desestabilización del gobierno elegido democráticamente, y que busque afectar ilegalmente el normal ejercicio de su mandato”, refiere el empresariado en un comunicado.

Expresaron también su “profunda preocupación por la reaparición de prácticas autoritarias y violentas que evidencian la pérdida de respeto y la desobediencia a las leyes en algunos miembros de las Fuerzas Armadas, cuyas acciones para subvertir al orden constitucional merecen la censura pública y la máxima sanción judicial”.

La toma de la plaza Murillo se extendió por cerca de cinco horas la tarde del miércoles. Fue impulsada por los comandantes de Ejército Juan José Zúñiga, de la Armada Boliviana Juan Arnez y de la Fuerza Aérea Boliviana Marcelo Zegarra, aunque éste último se marginó de la acción cuando el presidente Luis Arce los encaró en el ingreso a Palacio Quemado, colindante a la Casa Grande del Pueblo.

Al menos 12 personas quedaron heridas y al momento ya son 17 las personas aprehendidas e investigadas por la asonada golpista.

Zúñiga, de inicio, es acusado por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado; seducción de tropas, y atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se buscará “la condena de Juan José Zuñiga a la pena máxima de privación de libertad posible para estos delitos, que es de 15 a 20 años de cárcel, por haber atentado contra la democracia y la Constitución”.

La Procuraduría General y la Fiscalía General iniciaron el proceso penal y lo llevarán hasta lograr la condena de este militar, aseguró.

Para la CEPB, los hechos registrados el miércoles “pusieron en alerta la estabilidad democrática en el país e inquietaron a la población”.

“Sostenemos que la democracia, la institucionalidad y el respeto a los principios Constitucionales deben mantenerse por encima de cualquier otro interés u objetivo, y que su defensa firme y permanente debe ser la primera obligación de todos los bolivianos”, afirmó el empresariado.

En esa línea, exhortaron “a los sectores políticos, que tienen la responsabilidad de velar por la institucionalidad democrática, a encontrar la solución de sus diferencias a través del diálogo, el respeto mutuo y la priorización de la estabilidad social y económica, la protección de los derechos y garantías ciudadanas, y el orden constitucional”. ABI