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AMPLIAR Miembros de la asociación civil Somos Todos Uruguayos, Alexis Ferrand, Adriana Ovalle, Ileana Martín y su hijo, Oscar Carsi AFP

"Uruguayos de segunda": extranjeros con ciudadanía pero sin la nacionalidad

Gulnor Saratbekova lleva más de la mitad de su vida en Uruguay, adonde llegó a los 19 años desde Tayikistán. A pesar de haber accedido a la ciudadanía legal, sigue siendo considerada extranjera, un limbo que plantea múltiples problemas.

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"Me siento una uruguaya de segunda, sin los mismos derechos que los ciudadanos naturales", dice en castellano con acento rioplatense esta mujer de 43 años a la AFP.

La legislación uruguaya distingue entre ciudadanía "natural", reservada a los nacidos en el territorio nacional o a sus hijos y nietos, y ciudadanía "legal", a la que pueden aspirar los extranjeros pero, según la interpretación actual, sin obtener la nacionalidad.

Más de 30.000 personas en Uruguay padecen las consecuencias de una "ciudadanía incompleta", según la asociación civil Somos Todos Uruguayos, que denunció una vulneración de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Saratbekova, el tema es especialmente grave: al aceptar la ciudadanía legal uruguaya debió renunciar a la de Tayikistán, que no permite la doble nacionalidad salvo con Rusia. Y como Uruguay no la reconoce como nacional, es considerada apátrida.

"No se pueden imaginar las autoridades de Uruguay lo que es vivir en un limbo constante", afirmó el 1 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, según documentos consultados por la AFP.

"El drama de los pasaportes"

Uruguay "nos reconoce como de segunda clase", se lamentó ese mismo día Arvand Azizeddin, que no pudo abrir una cuenta bancaria en Uruguay a pesar de ser ciudadano legal uruguayo, porque aparecía como nacional iraní.

El país sudamericano es uno de los pocos del mundo que no otorgan la nacionalidad a los extranjeros que solicitan y cumplen los requisitos para la ciudadanía, señala a la AFP Leroy Gutiérrez, vocero de Somos Todos Uruguayos.

Esto contradice en algunos casos convenios internacionales firmados y ratificados por Uruguay.

"Todo el espectro político identifica que hay un problema, pero los dos proyectos de ley presentados en 2021 para buscar resolverlo aún no se han discutido", se lamenta Gutiérrez, un ciudadano legal uruguayo nacido en Venezuela.

Ante la CIDH, representantes del Estado uruguayo se comprometieron a "buscar soluciones concretas que puedan implementar en un corto o mediano plazo".

Fuentes de la Cancillería dijeron a la AFP que se está trabajando para resolver lo que muchos llaman "el drama de los pasaportes".

Desde 1994, los pasaportes uruguayos indican en el campo de nacionalidad el país de nacimiento del portador. Este cambio provocó serios inconvenientes a partir de 2015, cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que depende de la ONU, dispuso la emisión de pasaportes electrónicos.

Con la lectura mecánica, la discrepancia entre el código de nacionalidad y el código del país emisor hizo saltar las alarmas.

Por esto, ciudadanos legales uruguayos han sido interrogados por posesión de documento falso, impedidos de abordar vuelos, o deportados al intentar ingresar a países que les exigían visas que no hubieran necesitado si se les reconociera la nacionalidad uruguaya.

"Es no poder viajar nunca tranquila, siempre con temor, siempre con el estómago apretado", deplora en diálogo con la AFP Ileana Martín, una ciudadana legal uruguaya nacida en Cuba.

Gulnor Saratbekova, que pertenece a la minoría étnica pamiri, muy perseguida en Tayikistán, teme salir de Uruguay, quedar retenida en otro lado y terminar deportada a su país natal.

"Mi pasaporte uruguayo no me da garantías de protección porque dice que soy de Tayikistán, pero Tayikistán no lo reconoce como válido. Si fuera deportada ahí con mucho gusto me llevarían presa", asegura esta gerenta en sostenibilidad en una compañía uruguaya.

También se sienten discriminados los extranjeros llegados a Uruguay siendo menores de edad, porque recién están habilitados a tramitar la ciudadanía legal al cumplir los 18 años.

Para el hijo de Ileana Martín, Oscar Carsi, un atleta de alto rendimiento que emigró de Cuba siendo niño, esto supuso no poder representar a Uruguay, el país en el que se crió y siente como propio, en un evento deportivo internacional cuando tenía 17 años.

"Me sentí triste", dice a la AFP el hoy estudiante de medicina de 22 años. "Y aún teniendo la ciudadanía legal uruguaya quizás no hubiera podido ir, porque no habría tenido la nacionalidad".

Adriana Ovalle, de origen venezolano e integrante de Somos Todos Uruguayos, destaca otro aspecto que considera injusto.

"Para un adulto que busca la ciudadanía legal, tener un hijo a cargo es una ventaja que acorta los tiempos de espera de cinco a tres años. Pero el hijo menor de edad no se beneficia obteniendo la ciudadanía legal de sus padres", explica. AFP