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AMPLIARLa norma establece reglas de responsabilidad social

Lula sanciona ley que establece derechos para afectados por represas

Brasil cuenta ahora con una Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB). Sancionado ayer viernes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el texto establece reglas de responsabilidad social que deben ser observadas por el empresario.

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También garantiza los derechos de las poblaciones que sufren los impactos resultantes de las actividades involucradas. Se trata de un nuevo marco regulatorio a observar tanto para las represas mineras como para las hidroeléctricas.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Márcio Macêdo, explicó que la parte que preveía la retroactividad de las medidas fue vetada, considerada inconstitucional. Por lo tanto, las nuevas normas no afectan el proceso de reparación de los daños causados ​​por fallas de represas ocurridas recientemente en Minas Gerais, primero en Mariana en 2015 y luego en Brumadinho en 2019.

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Zé Silva (Solidariedade/MG) y fue aprobado en el Senado federal el mes pasado. El texto respondió a unaantigua demanda del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), que venía realizando actos en defensa de su aprobación. Uno de los coordinadores de la entidad, Joceli Andrioli, afirmó que la legislación establece una base para definir a una persona afectada por una represa, quitando esta responsabilidad a las empresas mineras responsables de los impactos.

"Las empresas ya no serán quienes digan quiénes están afectados. Será el Estado brasileño quien diga quiénes son los afectados, cuáles son sus derechos y qué programas son apropiados para la reparación”, afirmó Andrioli.

Bajo el nuevo marco regulatorio, se consideran afectados quienes sufren pérdida de propiedad o posesión de bienes, devaluación de sus bienes, cambio en su forma de vida o incluso pérdida de capacidad productiva, acceso a agua de calidad o fuente de ingresos.

En un comunicado, el MAB reiteró que la PNAB es el resultado de una lucha histórica de las comunidades afectadas por represas en Brasil. Añadió además que la sanción pone fin a un ciclo de luchas que involucró a miles de personas durante más de 40 años. "El siguiente paso es la reglamentación de la legislación y el MAB ha estado en diálogo con los diferentes ministerios involucrados y la Secretaría General de la Presidencia de la República para que esto suceda lo más rápido posible", registra el texto.

La medida fue tomada ocho años después de la tragedia de la estructura Samarco, en Mariana, que dejó 19 muertos y casi cinco años después de que 272 personas murieran al desplomarse la presa de Vale, en Brumadinho. Para Gabrielle Sodré, que también forma parte del MAB, la nueva ley puede ayudar en situaciones como ésta.

“Estos son casos que quedan impunes. Esto se debe a que, hasta el momento, no existe una ley federal que garantice los derechos de las poblaciones afectadas. Lo que existe es una serie de disposiciones legales que garantizan los derechos de las empresas. Convertida en ley, a partir de hoy, crea instrumentos jurídicos destinados a prevenir, enfrentar y mitigar los daños causados ​​por estos proyectos. Pero más allá de eso, también asigna responsabilidades. Tanto para las empresas como para el Estado”, señala Gabrielle.

Pautas

La PNAB define una serie de pautas para la reparación, que pueden incluir reposición, indemnización e indemnización. Los empresarios también están obligados a desarrollar iniciativas encaminadas a la recuperación económica y productiva de las poblaciones impactadas. El texto también contiene normas para el proceso de reasentamiento de personas sin hogar que han perdido sus viviendas o residentes que han sido retirados preventivamente por riesgo de alguna tragedia.

También se establecieron derechos específicos para los afectados que exploten la tierra en régimen de economía familiar, como, por ejemplo, indemnizaciones por desplazamiento forzoso y pérdidas intangibles. Los empresarios también tendrán responsabilidades en relación a los impactos en las áreas de salud, saneamiento ambiental, vivienda y educación. La preparación de la PNAB tuvo en cuenta experiencias en el proceso de reparación de las tragedias ocurridas en Mariana y Brumadinho.

El proyecto de ley determina, por ejemplo, que el empresario deberá asumir los costos de asistencia técnica para apoyar a los afectados en el proceso de reparación de daños. Este fue un derecho ganado legalmente por los vecinos de Mariana después de la tragedia de 2015.

Poco a poco, nuevas decisiones judiciales extendieron este derecho a las poblaciones de otros municipios y también se replicó después de la tragedia de Brumadinho, aunque en muchos casos hubo resistencia de las empresas mineras.  en la liberación de los recursos demandados. Los propios afectados eligen la entidad que les asesorará en las más diversas materias, pudiendo contar con profesionales tan diversos como arquitectos, abogados, agrónomos e historiadores.

Otra medida prevista es la creación de un organismo de seguimiento de los trabajos de reparación. Deberá estar compuesto por representantes de las autoridades públicas, de los empresarios y de los afectados. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tendrán voz como invitados permanentes a las reuniones de este órgano.

Fuente: Agencia Brasil